La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha destacado en un encuentro con agentes sociales de Andalucía Orienta que la Renta Mínima de Inserción Social conlleva un plan sociolaboral personalizado e incorporará acciones expresas para avanzar en una igualdad real.
La consejera ha mantenido en Granada un encuentro con representantes de esta provincia y de las de Almería, Jaén y Málaga para detallar las peculiaridades de la Renta Mínima de Inserción Social tras la puesta en marcha de este decreto-ley.
Ha incidido en que el decreto incluye el diseño de un plan de inclusión sociolaboral personalizado que redactarán de manera conjunta el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y los servicios sociales comunitarios del municipio donde resida el solicitante con las actuaciones y medidas que se deberán desarrollar.
Este documento, que deberá elaborarse en el plazo de un mes desde la concesión de la renta, deberá incorporar la perspectiva de género mediante la inclusión expresa de acciones para avanzar en la igualdad real y efectiva, según ha detallado Sánchez Rubio.
Ha recordado que el decreto-ley prevé la posibilidad de suspender de forma temporal la percepción de la renta mínima en el supuesto de por un contrato de trabajo con una duración entre uno y seis meses.
"Se trata de un nuevo derecho subjetivo garantizado legalmente que impulsará la integración social y laboral de las personas perceptoras y atenderá situaciones de exclusión y pobreza", ha destacado Sánchez Rubio, que ha apuntado que la Junta prevé beneficiar a más de 45.000 unidades familiares al año.
La Renta Mínima llegaría ayudaría según la Junta a unas 120.000 personas, de las que unas 14.700 corresponden a nuevos colectivos no incluidos en el vigente Ingreso Mínimo de Solidaridad (IMS).
La responsable de las políticas sociales ha explicado que esta prestación, que entró en vigor el pasado 1 de enero, contará con una dotación de 198 millones de euros, del total de 819 previstos para el periodo 2018-2021.
Ha insistido en la necesidad de que se configure un sistema de garantía de rentas mínimas de carácter estatal para todas las personas y familias en situación de vulnerabilidad y de exclusión social y ha destacado que la nueva prestación surge ante el deterioro de la cohesión social agravado por el aumento de la desigualdad y la precariedad.
Sánchez Rubio ha recordado que la Renta Mínima está recogida en el Estatuto de Autonomía como derecho social y que consiste en una aportación de entre 419,52 y 779,87 euros mensuales por 12 meses prorrogables por periodos de seis si persisten las circunstancias.
"Los nuevos colectivos incluidos son las personas inmigrantes y las mayores de 65 años con menores a su cargo, y las de edades comprendidas entre los 16 y 24 años siempre que concurran circunstancias excepcionales", ha detallado.
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