El Defensor del Pueblo Andaluz ha advertido hoy sobre la existencia de "carencias, insuficiencias e inequidades" para acceder a los derechos que regulan la ley de muerte digna y ha sostenido que "muchos pacientes tributarios de cuidados paliativos fallecen sin llegar a recibirlos".
Así consta en el informe especial 'Morir en Andalucía. Dignidad y derechos' elaborado por esta institución, que ha sido entregado al presidente del Parlamento, Juan Pablo Duran, por el Defensor andaluz, Jesús Maéztu.
El informe valora muy positivamente la denominada ley andaluza de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de muerte, del 2010, un "referente" para el resto de comunidades, de la que asegura que sus derechos y garantías "se respetan y se cumplen".
Sin embargo, advierte de la existencia de "carencias, insuficiencias e inequidades que impiden afirmar" que dichos derechos están plenamente garantizados y se respetan por igual en toda la comunidad.
"El sistema no llega a todos aquellos que lo necesitan, lo que provoca que muchos pacientes que serían tributarios de cuidados paliativos fallezcan sin llegar a recibirlos", asegura.
Maeztu ha valorado en rueda de prensa el esfuerzo de la administración sanitaria andaluza para la atención y asistencia de las personas que afrontan una enfermedad terminal, pero cree que "no ha sido suficiente" para cubrir la demandas de la población, ni las que se prevén a corto, medio y largo plazo por el envejecimiento y los avances médicos.
Como principales carencias, el informe detecta la "evidente falta de equidad" en el despliegue de medios y recursos del sistema de cuidados paliativos en la comunidad y recoge que la distribución territorial supone una "clara discriminación" entre territorios, que especialmente perjudica a las personas que viven en zonas rurales.
La atención paliativa de las personas menores de edad constituyen, además, uno de los aspectos "más deficitarios" del sistema por su "falta" de respuesta y la "carencia" de pediatras paliativos.
El Defensor considera "imprescindible" actualizar el Plan Andaluz de Cuidados Paliativos, propone que se realice un estudio de cómo mueren los andaluces y que el Plan de Cuidados Paliativos ponga "limites" a la diversidad de modelos que existen.
Sobre los pacientes no oncológicos, indica que sigue siendo la "asignatura pendiente" y que es necesario garantizarles un acceso equivalente al de los enfermos de cáncer en cuidados paliativos, recursos -subraya- insuficientes que deben ser dotados de más medios personales y materiales, en particular la incorporación de psicólogos, trabajadores sociales y fisioterapeutas.
No obstante, el informe afirma que se ha mejorado el derecho de las personas a formular anticipadamente sus voluntades vitales, pero destaca el "escaso" número de declaraciones registradas.
De hecho entre el 2004 y el 2016 el número de declaraciones de voluntad vital anticipada fue de 33.555, una cifra "significativamente baja", cuyo ejercicio el Defensor califica de "poco menos que excepcional por el escaso conocimiento" de la ciudadanía.
En cuanto al derecho de los pacientes en situación terminal al acompañamiento de sus familiares y a la confidencialidad, esgrime que su cumplimiento está condicionado por el lugar en el que permanezcan, ya que resultan "con frecuencia incumplidos" cuando los pacientes se encuentran en la UCI o en urgencias.
Además, expone que el derecho de los pacientes terminales a ser alojados en habitaciones individuales "no siempre se respeta", en concreto en momentos de más demanda asistencial.
Maeztu ha expresado también su preocupación por el excesivo peso que se hace recaer sobre las personas que deciden cuidar de sus familiares en situación terminal en su propio domicilio.
"Se les pide demasiado y se les ayuda poco. A estas personas hay que formarlas y facilitarles el acceso a las prestaciones y servicios de la ley de Dependencia en consonancia con el pronóstico vital de los pacientes", ha demandado.
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