El despacho Jausas ha presentado una demanda contra Santander por enriquecimiento ilícito en la adquisición del Banco Popular, que llevó a cabo tras su resolución el pasado mes de junio por un euro.
La demanda, la primera que se presenta contra la entidad presidida por Ana Botín por este motivo, se interpone en representación de una persona que invirtió 50.000 euros en bonos de Popular en 2011, que fueron finalmente amortizados a cero.
En el texto se alega que el precio pagado por Santander fue "desproporcionadamente bajo" porque el banco adquirido "era y es un banco solvente, que, si se vio afectado por un proceso de resolución, fue por un problema de liquidez, no de solvencia".
La demandante defiende que el valor del banco se encuentra en el entorno de 4.500 millones de euros, en base al consenso de los analistas antes de la resolución, a la valoración que se infiere de la presentación del propio banco tras la adquisición (4.265 millones de euros) y al incremento de valor de la acción de Santander tras la adquisición (4.634 millones de euros), según apunta el despacho.
La defensa reclama que Santander indemnice a la demandante con el valor de los bonos a fecha 23 de mayo de 2017, previamente al "descalabro" de la cotización de Popular, o, subsidiariamente, el 6 de junio de 2017 (el día antes de la resolución).
Como explica el despacho, para que exista enriquecimiento injusto es necesario que concurran el enriquecimiento de una persona (en este caso sería Santander), el empobrecimiento de otra (los tenedores de bonos y acciones) y la inexistencia de causa jurídica que justifique la atribución patrimonial.
Jausas defiende a un colectivo de más de 315 afectados con pérdidas superiores a los 110 millones de euros, entre los que se encuentra inversores institucionales, compañías de seguros, pymes y familias.
54.000 andaluces afectados
Ya el pasdo mes de junio Bufete Salmerón consideraba que el número de afectados en Andalucía por la situación del Banco Popular podía superar los 54.000 afectados a los que "a día de hoy el valor de lo que invirtieron ha quedado reducido a cero euros".
El bufete apuntaba que, tras las noticias de que Banco Popular fuera comprado por un euro por Banco Santander, "miles de inversores y bonistas han puesto todas las alarmas sobre qué pasará con sus inversiones".
Explicaban que, en cuanto a los compradores de bonos subordinados de Banco Popular, éstos se vendieron a clientes minoristas por importe de más de 450 millones de euros entre los años 2009, 2010 y 2011, cuyos vencimientos serán el 22 de diciembre de 2009, 29 de julio de 2021 y 19 de octubre de 2021, la inversión mínima de estos bonos fue de 1.000 euros por bono y que tras la compra de Banco Popular por parte de Santander han perdido todo su dinero, ya que se transformará en acciones que a día de hoy no valen nada".
El bufete aclaró que la compra de Banco Popular implica la pérdida de toda la inversión "porque la decisión del FROB de que Banco Santander adquiera Banco Popular conlleva una 'amortización íntegra' de todas las acciones de Banco Popular, así como todos los instrumentos Aditional Tier 1 y Tier 2 emitidos por la entidad, en acciones del banco presidido por Ana Botín, que ha pagado la cuantía simbólica de un euro, ya que el total de esos 450 millones son computables como Tier 2, por lo que ha servido para absorber perdidas siendo su valor prácticamente cero, condenando por ello a los clientes minoristas a perder su dinero".
En cuanto a los bonos convertibles en acciones (Cocos), cuyo valor es por importe de 1.250 millones de euros y cuyas emisiones fueron en 2013 (por valor de 500 millones) y 2015 (por valor de 750 millones), "al igual que la deuda subordinada, se transforman en acciones que no valen nada".
Apuntaban que "los únicos inversores que salen indemnes en la caída de Banco Popular, son aquellos que adquirieron deuda sénior, así como los que tienen sus depósitos en la entidad y que se encuentren garantizados".
Según fuentes de Bufete Salmerón, el número de afectados en Andalucía "puede superar los 54.000 afectados que, a día de hoy, el valor de lo que invirtieron ha quedado reducido a cero euros".
Según el letrado Fernando Salmerón, director del despacho Bufete Salmerón de Sevilla, firma especializada en derecho bancario y que representa a más de 100 familias andaluzas que compraron estos productos financieros, existen mecanismos legales para que puedan recuperar su inversión, "aplicando la misma jurisprudencia que establece el Tribunal Supremo, en su sentencia de 17 de junio de 2016 que declaro la nulidad del contrato de adquisición de bonos por las infracciones cometidas por el propio Banco Popular". Añadió que "casos similares a estos son las preferentes de Bankia y los denominados 'valores Santander'".
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