La Fiscalía ha preparado recurso de casación contra la absolución del exconsejero de Educación, Cultura y Deporte Luciano Alonso del delito de falsedad continuada en documento público por el que fue juzgado el pasado noviembre en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en relación a los nombramientos durante su etapa de gestión del director del Centro Andaluz del Flamenco (CAF) y de los directores de la Filmoteca de Andalucía.
El fiscal encargado del caso ha dado este paso por entender que hay elementos probatorios que no han sido contradichos en la sentencia absolutoria y que existe una infracción de ley, al no haberse aplicado el artículo del delito de falsedad documental, según han detallado a Europa Press fuentes del Ministerio Público.
El asunto gira en torno a los nombramientos de Luis Guerrero Jiménez como director del Centro Andaluz del Flamenco (CAF) y de Alejandro J. Cárdenas y María Centeno como directores consecutivos de la Filmoteca de Andalucía, por los que la Fiscalía pidió para Alonso cinco años de cárcel, cinco de inhabilitación y multa de 12.000 euros por presunta falsedad documental.
La Sala de lo Civil y Penal del TSJA absolvió el pasado diciembre al exconsejero por entender que "no se puede argumentar, como así hace el fiscal, que los datos que reflejan los nombramientos y ceses no responden en modo alguno a la realidad, ni tampoco que se trate de documentos que incorporan nombramientos y ceses enteramente falsos".
La Sala tampoco veía "razonable" argumentar que los nombramientos o ceses recogen algunos extremos documentales inveraces", pese a mostrarse consciente de que se trataba de "una conducta irregular, reprochable administrativamente, que afecta a la imagen y credibilidad de la Administración".
La Fiscalía discrepa de estos razonamientos y entiende también que existe un "error un la apreciación de la prueba", por lo que ha preparado recurso de casación que ya ha remitido a la Fiscalía del Supremo, la cual será la encargada de decidir si lo interpone o no ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, según han precisado las mismas fuentes.
Fue precisamente el Supremo el que ordenó que se volviera a juzgar al exconsejero después de que fuera absuelto por prevaricación en esta causa. El objetivo fue que se le juzgara también por un supuesto delito de falsedad en documento público después de que la Fiscalía lo incluyera en su calificación al elevar a definitivas sus conclusiones en el primer juicio que se celebró contra él en el TSJA.
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