La Mesa del Parlamento ha calificado favorablemente y admitido a trámite una Proposición de Ley contra la Pobreza Energética presentada por 26 ayuntamientos andaluces.
Concretamente, la iniciativa está suscrita por los ayuntamientos de Vera (Almería); El Bosque, Paterna de Rivera, Villamartín, Barbate, Conil de la Frontera y Algar (Cádiz); Priego de Córdoba, Castro del Río y Aguilar de la Frontera (Córdoba); Motril y Almuñécar (Granada);
Isla Cristina y Ayamonte (Huelva); Andújar (Jaén); Vélez-Málaga,
Ronda, Montecorto y Frigiliana (Málaga), y de La Campana, Estepa, Palomares del Río, Coria del Río, Isla Mayor, Mairena del Alcor y Constantina (Sevilla).
Esta iniciativa se justifica en el hecho de que la pobreza energética no ha hecho sino aumentar en los últimos años. "A la crisis económica, que ha reducido el poder adquisitivo de muchas familias, se une la subida de precios de los suministros energéticos, que ha agravado la situación", según se indica y se añade que medidas como el bono social eléctrico u otras, como los bonos sociales de entidades suministradoras de agua, "no han tenido el efecto esperado a la hora de garantizar estos suministros básicos para la ciudadanía y se han mostrado
ineficaces".
En el preámbulo de la proposición de Ley, que consta de 14 artículos y varias disposiciones, se señala que, sin perjuicio de las competencias que el Estatuto de Autonomía atribuye a la comunidad autónoma en materia de vivienda, consumo, acción social, aguas, energía, calidad del suministro y eficiencia energética y actividad
de fomento debe tenerse en cuenta la posibilidad que la Sentencia del Tribunal Constitucional del 17 de marzo de 2016 reconoce al legislador autonómico de desarrollar "medidas asistenciales consistentes en prestaciones económicas tendentes a evitar la interrupción del suministro de electricidad y
gas a las personas vulnerables".
En este sentido, en el ejercicio de las indicadas competencias y para garantizar el suministro energético a los ciudadanos y adoptar medidas de ahorro a largo plazo, se definen unas situaciones de vulnerabilidad y especial vulnerabilidad que combinan la consideración del nivel de renta de las personas o unidades de convivencia con otras circunstancias sociofamiliares que justifican una mayor protección.
Se añade que estas categorías ofrecen a los servicios sociales competentes para la valoración unas condiciones objetivas, junto a la propia imposibilidad de hacer
frente a las facturas energéticas, para valorar el acceso a la ayuda y la cuantía, que se define en distintos tramos de cobertura según la consideración de la situación como vulnerable o especialmente vulnerable.
En cuanto al procedimiento a seguir, se establecen dos vías de acceso a la ayuda, tanto a instancia de los usuarios afectados como a iniciativa de los propios servicios sociales competentes.
En este sentido, la iniciativa señala que es importante la incorporación de las empresas suministradoras a la prevención de la pobreza energética, al
establecer obligaciones de información al consumidor sobre la existencia de estas ayudas, así como deberes de abstención durante su tramitación que aseguren la efectividad de las ayudas.
A todo ello hay que unir la previsión de un conjunto de intervenciones de microeficiencia destinadas a generar ahorro en el consumo energético y, asimismo, a dinamizar sectores de producción que permiten una reconversión del modelo productivo hacia sectores de innovación que tienen el cuidado del medioambiente
como eje.
Asimismo, se añade que con el objetivo de que las personas que se encuentran en situación de pobreza y vulnerabilidad energética puedan tener acceso a formación y a un puesto de trabajo posterior, son precisos planes de cursos
de formación y empleo específicos.
La iniciativa señala que para enfrentar el problema de la pobreza energética hacen falta líneas de acción desde los diferentes departamentos existentes a nivel laboral, social, sanitario y educativo que solucionen el problema no solo a corto plazo, sino también en el medio y largo plazo.
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