El Tribunal Constitucional ha vuelto a pronunciarse contra la decisión de la Junta de instaurar una jornada de 35 horas semanales para sus funcionarios. Si primero declaraba inconstitucional, y por tanto nulo, el decreto que la fijaba, ayer decidió mantener la suspensión cautelar del incremento de presupuesto aprobado por la Junta para contratar personal y reforzar la plantilla a consecuencia de la reducción de la jornada.
El TC ha dictado un auto, en respuesta al recurso del Gobierno contra la Ley de Presupuestos de la Junta para 2017, en el que mantiene en suspenso el artículo 13.2, que permitía hacer efectiva la aplicación de la jornada laboral de 35 horas semanales, contratando personal de refuerzo. El auto está en consonancia con la sentencia que declaraba nulo el Decreto-ley 5/2016, que regulaba la jornada de 35 horas para los más de 270.000 empleados públicos de la Junta.
El Gobierno de Rajoy acordó en julio recurrir ante el TC tanto el mencionado decreto como la Ley de Presupuestos de la Junta para 2017, que habilita, en aplicación de aquél, la contratación de personal para reforzar la plantilla.
El pleno del TC, por medio de su auto, sí levanta la suspensión cautelar del artículo que permite a la Junta autorizar pagos anticipados de tesorería a los ayuntamientos, que era otro de los extremos recurridos por el Gobierno.
El artículo recurrido contemplaba que el Consejo de Gobierno podría autorizar pagos anticipados de tesorería, a cuenta de recursos que hayan de percibir los municipios con cargo al Presupuesto, bien por participación en los ingresos del Estado (PIE) o en los tributos de la comunidad (Patrica).
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