La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha defendido la "seguridad jurídica" del acuerdo alcanzado entre la Junta de Andalucía y los sindicatos CSIF, UGT y CCOO para acatar la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que anula la semana laboral de 35 horas para los empleados públicos andaluces y establece una jornada semanal de 37,5 horas, de las que dos horas y media semanales no serán de obligada permanencia en el puesto, tras lo que ha explicado que ha remitido dicho acuerdo al TC "por cautela, teniendo en cuenta el actual contexto político".
Montero ha respondido a varias preguntas sobre la sentencia del Constitucional en el pleno del Parlamento andaluz, donde ha insistido en que se acatará la sentencia y ha precisado que, tras remitirlo al TC para "asegurarnos de que se cumple la sentencia", se ratificará la semana próxima en el Consejo de Gobierno.
Asimismo, ha animado a los partidos de la izquierda --Podemos, IU, junto a PSOE-- a ser "aliados" en la defensa de la recuperación de los derechos de los empleados públicos, también a nivel nacional, y en la defensa de la autoorganización de la jornada en Andalucía.
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