Agentes de la Policía Nacional en colaboración con la Inspección de Trabajo, la Tesorería General de la Seguridad Social y la Oficina de Extranjeros de la Subdelegación de Gobierno en Córdoba han desmantelado un entramado ficticio de empresas que presuntamente habría defraudado más de 300.000 euros a las arcas públicas en Córdoba y han detenido a 65 personas, al tiempo que otras 39 personas son investigadas.
Los detalles de la operación, denominada 'Cierre', los han facilitado este lunes en rueda de prensa el subdelegado del Gobierno en Córdoba, Juan José Primo Jurado; el comisario jefe provincial de la Policía Nacional, Jesús Gómez, y el inspector, jefe de la Brigada Provincial de Extranjería, Julián Cárdenas.
En concreto, los detenidos e investigados estaban relacionados con dos empresas que presuntamente se dedicaban a prestar diferentes servicios de administración y la otra al sector de la agricultura, creadas en 2013 y mediados de 2016, con domicilio social en la provincia, según ha detallado Cárdenas.
La investigación comenzó a mediados del pasado mes de abril, cuando agentes del Grupo de Investigación de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Córdoba detectaron la posible existencia de una empresa, que bajo la apariencia de una actividad real, enmascararía altas ficticias para que los trabajadores tuviesen derecho a adquirir prestaciones públicas, para así obtener el certificado NIE de ciudadano de la Unión Europea (UE).
Ante la posible existencia de indicios delictivos, los agentes prosiguieron la investigación, en la que tras realizar numerosas pesquisas, determinaron en una primera fase como los domicilios fiscales de la empresa no mostraban signo alguno de actividad empresarial referida.
Además, según los informes desprendidos de la investigación, la empresa pretendería realizar una actividad empresarial a "coste real cero", acreditando los investigadores como dicha empresa no tendría actividad mercantil de referencia, estando además sin justificar entre otros aspectos el pago de salarios a los trabajadores.
CONTINÚA ABIERTA
Con todos los datos aportados, los encargados de la investigación dedujeron que los investigados habrían simulado mantener una relación laboral, estando en realidad éstos dados de alta a los solos efectos de obtener prestaciones cuya gestión corresponde al Servicio Público de Empleo Estatal o a los efectos de acumular carencia para futuras prestaciones.
Hasta el momento, dado que todavía continúa abierta, si bien el grueso de la misma ya ha sido llevado a cabo, fruto de la investigación los encargados de la misma, ante la existencia de indicios de la comisión de un delito contra la Seguridad Social y de Falsedad Documental, han localizado y detenido a 65 personas, al tiempo que investigan a otras 39. Del total de implicados, unos 30 son de países de la Unión Europea y el resto, españoles.
Durante la operación los agentes se han incautado de numerosa documentación entre la que se encuentran: altas y bajas presuntamente fraudulentas de las empresas investigadas, nóminas de supuestos trabajadores, datos fiscales de empresas, administradores y trabajadores.
La presente intervención se encuadra dentro del convenio de colaboración entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social en materia de lucha contra el empleo irregular y fraude a la Seguridad Social, que ha permitido desde 2013 la detención de 309 personas y 191 investigados en 14 operaciones, con una cantidad defraudada que supera los cuatro millones de euros en la provincia cordobesa.
En este caso, han colaborado en la operación personal adscrito a la Tesorería General de la Seguridad Social, la Inspección Provincial de Trabajo, Servicio Público de Empleo Estatal, así como la Subdelegación del Gobierno de Córdoba, con la Oficina de Extranjería.
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