Los historiadores adjudican a Cayo Julio César la frase ‘Alea iacta est’ -La suerte está echada, en latín- después de desoír al Senado romano y cruzar el río Rubicón con sus legiones procedente de las Galias. Esa misma suerte les espera a los gaditanos respecto a la autopista Sevilla-Cádiz. ¡Quítense la venda y no dejen engañarse más!: el peaje de la AP4 no concluirá cuando finalice la concesión de Abertis el 31 de diciembre de 2019. Cada día estoy más convencido de ello: los gaditanos serán siempre los únicos andaluces que sigan pagando por desplazarse a la capital andaluza por una vía rápida -la alternativa es la vetusta y peligrosa Nacional IV, en la que han fallecido más de un centenar de personas en los últimos años-.
A la provincia de Cádiz y a sus habitantes les engañaron, sucesivamente, los gobiernos de Suárez, González y Aznar, con sus ínclitos ministros de Fomento Arias Salgado y Álvarez Cascos, quienes negaron y negaron la ampliación hasta que ampliaron 13 años más la explotación que expiraba en 2006. El nuevo engaño llevará la firma de Mariano Rajoy y el ministro Iñigo de la Serna, metiendo en un brete monumental aldelegado del Gobierno en Andalucía y presidente del PP de Cádiz, Antonio Sanz.
A este vaticinio -ojalá esté equivocado- es fácil llegar después de analizar con enorme desazón tres hechos acaecidos en los últimos meses: la ausencia de un pronunciamiento nítido del ejecutivo no solamente de que la concesión acabará, sino de que la autopista nunca más será de pago; el rescate de autopistas radiales de Madrid que son deficitarias y, ahora, el insulto faltón y obsceno que representa subir un 2 % el precio del peaje hasta los 7,34 euros (14,68 ida y vuelta) coincidiendo con la recuperación de los tráficos de vehículos de antes de la crisis. Así que no nos queda otra a los gaditanos que aceptar que el peaje es una plaga bíblica que han sufrido ya tres generaciones completas que aún no han tenido la suerte de tener un Julio César que cruce el Rubicón y comande un ejército de paisanos que planten cara sin ambages a esta injusticia que dura ya casi medio siglo. Ningún político o agente social -sólo Miguel González, ex presidente de los empresarios de Cádiz se atrevió a hablar de “impuesto revolucionario”- ha liderado con verdadera valentía esta batalla. Falta altura política y músculo social más allá de estériles iniciativas parlamentarias que son ridículos disparos de fogueo frente al afán recaudatorio insaciable de la concesionaria gracias a la permisividad del Estado.
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