El PP pedirá al Pleno de la Diputación que inste a la Junta a celebrar un convocatoria extraordinaria con el saldo restante de 4,3 millones de euros de la convocatoria de subvenciones para incentivar la realización de escuelas taller y talleres de empleo y la puesta en marcha de la convocatoria correspondiente a 2017, asumiendo, asimismo, el compromiso de presentar proyectos que beneficien especialmente a los municipios de menos de 20.000 habitantes.
En la moción, a la que ha tenido acceso Europa Press, señala que la provincia de Cádiz tiene asignado 8,5 millones de euros para acciones formativas según la Resolución de 7 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo. Asimismo, señala que la propuesta provisional de resolución de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Cádiz del pasado 8 de noviembre indica que han sido autorizados 16 proyectos, para diez municipios, por valor de 4,2 millones de euros.
El PP señala en su moción que según la información publicada por la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, la Mancomunidad de Municipios de la Sierra, la Entidad Local Menor de Torrecera y el Ayuntamiento de Algodonales" no subsanaron los defectos advertidos en la fase de subsanación, por lo que se han incluido en la relación de solicitudes desistidas".
Por otro lado, no hay ninguna otra entidad en la relación de entidades beneficiarias suplentes, según indica el PP, que añade que "la ausencia de la Diputación de Cádiz en las tres categorías obliga al gobierno provincial a explicar las razones por las que no se han presentado solicitudes de acciones formativas".
En este sentido, subraya que "sólo un pueblo de menos de 20.000 habitantes es beneficiario en esta convocatoria, pero ni la Sierra ni la práctica totalidad de La Janda, comarcas especialmente castigadas por los estragos del paro, contarán con escuelas taller y talleres de empleo".
Finalmente, el PP recuerda que la Junta de Andalucía "ha mantenido paralizadas las políticas activas de empleo y cualquier acción formativa desde el año 2012 por el decreto de Susana Díaz y los efectos colaterales de los escándalos de corrupción vinculados a la Consejería de Empleo".
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