Tras siete años de instrucción, no hay que andarse ahora con prisas. La primera sesión del juicio central del caso ERE, que se sigue desde ayer miércoles en la Audiencia de Sevilla concluyó con más expectación que contenido. Como en la canción de Sabina, cada uno ocupaba su localidad, numerada del 1 al 22 en el caso de los acusados, a la espera de que se levantara el telón y comenzara la función. Ayer no lo hizo.
Los juicios tienen mucho de dramatización. También de drama, claro. Fueron unas cuatro horas en las que sólo dio tiempo a cumplir el ritual de leer los cargos que se imputan a los procesados. Nada más. El Ministerio Público considera que la creación y el mantenimiento de un “procedimiento específico” que, durante una década, permitió repartir ayudas sin control alguno es constitutivo de un delito continuado de prevaricación en el caso de los 22 procesados, en concurrencia con otro de malversación de caudales públicos en 15 de los casos. Entre otros, en el del ex presidente Griñán, para el que el fiscal pide seis años de cárcel y 30 de inhabilitación. A Chaves sólo le imputa prevaricación y pide para él 10 años de inhabilitación. Era algo que ya se sabía, pero ayer tocaba recordarlo.
La primera sesión del juicio comenzó con casi una hora de retraso, en medio de una gran expectación mediática. En las sesiones programadas para esta semana, las partes tienen previsto plantear sus respectivas cuestiones previas al inicio de las declaraciones. Ayer, con la lectura de los cargos de los 22 procesados, entre ellos dos expresidentes de la Junta, seis exconsejeros andaluces y un puñado de viceconsejeros y directores generales, no dio tiempo.
El fiscal concluyó la lectura de su escrito de acusación en torno a las 12.30 horas, tras lo cual se hizo un receso. A la vuelta del mismo, y pese a las reticencias mostradas por algunas de las defensas, los abogados de la acusación popular que ejerce el PP leyeron el suyo, en el que a los cargos por prevaricación y malversación que imputaba el fiscal a los procesados añadían el de asociación ilícita, por el que piden para todos los acusados dos años de cárcel. El abogado de Manos Limpias, que también ejerce la acción popular en este juicio, renunció a leer el suyo, al considerar que sus argumentos coincidían con los del fiscal.
En este proceso, que se prevé que se extienda durante al menos siete u ocho meses, no existe acusación particular. La Junta de Andalucía, que, como perjudicada directa, estuvo personada como tal durante la instrucción y lo sigue estando en otras piezas del caso ERE, entendió que no existe delito y solicitó el archivo en su escrito de conclusiones.
La jornada de hoy continuará con la lectura de los escritos de las defensas, por lo que parece poco probable, teniendo en cuenta que hay 22 procesados, que puedan abordarse aún las cuestiones previas. Varias de las defensas ya manifestaron ayer su intención de leer todo o parte de sus escritos solicitando la absolución de sus representados. Y algunos se mostraron partidarios de que se leyeran los escritos de todas las defensas.
A la pregunta del presidente del tribunal, el magistrado Juan Antonio Calle Peña, sobre la intención de los abogados defensores con respecto a leer o no sus escritos, el abogado de Griñán y del ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano, José María Mohedano, solicitó leer los folios 13 a 21 del escrito de Lozano y las páginas 6 a 26 del de Griñán. Y el abogado de Manuel Chaves, Pablo Jiménez de Parga, manifestó al tribunal su intención de leer tres folios y medio de su escrito de defensa.
El abogado Juan Carlos Alférez, que defiende al exdirector de la Agencia IDEA Jacinto Cañete, explicó que en la primera sesión se extremaron “todas las garantías procesales” y que por esa razón no dio tiempo a nada más. “Las garantías son más importantes que lo farragoso que puedan resultar las sesiones”, señaló Alférez, partidario de que se lean todos los escritos.
Cuestiones previas
Los abogados de los acusados plantearán media docena de cuestiones previas a lo largo de las primeras sesiones del juicio. Las declaraciones de los acusados y los testigos comenzarán una vez que éstas queden resueltas.
Una de las cuestiones más destacadas que se pondrán sobre la mesa es la que presentará el abogado de Griñán y del ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano, José María Mohedano, que reclamará la nulidad de todas las actuaciones desarrolladas en la fase de instrucción por el juez Álvaro Martín. Entiende el letrado que se vulneró el derecho al juez predeterminado por la ley que consagra el artículo 24.2 de la Constitución, por su designación como encargado de la instrucción de la causa de los ERE, tras la llegada de María Núñez Bolaños como nueva titular del Juzgado.
El abogado considera que el nombramiento de Álvaro Martín como juez de refuerzo sólo lo habilitaba para realizar labores de apoyo o asistencia a la juez titular, que en el momento en que se produjo su designación era Mercedes Alaya, la cual comenzó la instrucción en 2011.
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