En menos de 24 horas, la empresa Cañonazo Transmedia, en la que trabaja un sobrino del presidente del Parlamento, Juan Pablo Durán, diseñó, produjo y empezó a difundir a través de las redes sociales la campaña que el Parlamento le encargo para conmemorar los cuarenta años del 4-D de 1977. O eso, o, lo que parece más probable, ya estaba todo decidido de antemano.
La memoria justificativa de la campaña es el único documento que figura en el expediente que la Mesa del Parlamento ha entregado a los grupos políticos. Está firmada por la directora general del Gabinete de la Presidencia, Sol Calzado García, el 22 de noviembre de 2017. El día 23, los vídeos de la campaña estaban ya difundiéndose por todas las redes sociales.
En la memoria se afirma, sin apoyarlo con datos de ningún tipo, que “una de las empresas punteras en España en la denominada Transmedia Storytellin es El Cañonazo”, que esta empresa “ha trabajado con marcas de primer nivel e intituciones en distintos ámbitos, y también con productoras y series de televisión a nivel nacional”, o que “está revolucionando la manera de llegar a todo tipo de público con una novedosa estratégica (sic) de implicar al mismo en la historia y convertirlo en protagonista de la misma”.
En la memoria se “propone la contratación” de la empresa en la que trabaja el sobrino de Juan Pablo Durán, por un importe de 14.047 euros, más el correspondiente IVA del 21%. Pero el expediente no contiene más documentos. O no existen, o no se los han querido dar a los grupos de la oposición, como denunció ayer el Partido Popular.
La secretaria general del PP-A, Loles López, en este sentido, aseguró que entre la documentación que la Mesa del Parlamento ha entregado a los grupos políticos no consta ni la conformidad del letrado mayor para realizar el gasto, ni el reconocimiento de crédito necesario, ni la resolución del presidente aprobando el gasto, ni el presupuesto de la empresa, ni la propuesta de adjudicación, ni la resolución de la adjudicación... Sólo los dos folios de memoria justificativa.
Por este motivo, la secretaria general del PP-A anunció que su partido volverá a solicitar toda la documentación a la Mesa del Parlamento. Y advirtió: “No quiero pensar que esa documentación se vaya a fabricar a posteriori”.
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