La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha anunciado que la llamada oficina anticorrupción estará en marcha en el primer trimestre de 2018, y ha anunciado que su director será "un funcionario de carrera" que será elegido por tres organismos técnicos como la Intervención General, el Gabinete Jurídico de la Junta y la Inspección de Servicios.
En una entrevista con Europa Press, la consejera ha reconocido que "se ha ido un poco de plazo" el momento de la puesta en marcha por las alegaciones efectuadas, que muestran "interés" por esta iniciativa. Ha recordado que "se ha pedido audiencia al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y se ha prolongado un poco en el tiempo el plazo de alegaciones, pero ello hará esta oficina más robusta".
Ha explicado que actualmente el texto de funcionamiento de esta oficina lo está terminando de adaptar el gabinete jurídico, posteriormente irá a Consejo Consultivo, algo que espera que sea a finales de este mes, se formularán sugerencias y se adaptará la norma a las sugerencias emitidas.
La consejera ha valorado que ésta "será una de las muchas herramientas que ha puesto en marcha el Gobierno andaluz para disuadir de cualquier conducta que se pueda separar de la norma".
Ha resaltado asimismo que la oficina anticorrupción "va a ser llevada por funcionarios, será profesionalizada y tendrá un cometido muy importante sobre todo en detección de situaciones de riesgo, y llamar la atención sobre aquellas personas que puedan estar implicadas en una presunta denuncia sobre presunta desviación de la norma".
"Es un paso más, un escalón más dado en esta legislatura en la que hemos articulado defender dinero público y hacienda pública y medidas para que la política no se impregne de la imagen de que la política no responde a intereses generales; son medidas por la sanidad democrática", ha aseverado la consejera.
Sobre la persona responsable de la oficina, ésta será designada por un tribunal constituido por el Gabinete Jurídico, la Inspección de Servicios y la Intervención General, entidades que "tienen un papel muy activo en la defensa de los intereses generales y muy activos al detectar cuándo una materia se podía desviar de la norma".
"Nadie discute la profesionalidad" de estos tres entes, ha indicado Montero, quien ha precisado que estos tres organismos "van a designar a la persona responsable de la oficina, que tiene que ser funcionario de carrera, con experiencia y que no podrá ser cesado por el Gobierno andaluz, salvo en circunstancias tasadas por ley".
De esta forma, ha insistido en que "se trata de un mecanismo independiente que va a contar con la colaboración de tres partes de la Administración que nadie discute sobre su objetividad, imparcialidad y defensa de los intereses generales".
Ha explicado la consejera que habrá una convocatoria "donde se presentarán las personas que consideren que cumplen con los requisitos, y será un tribunal el que las designe en función de quién cumple mejor con los criterios; tendrá un perfil profesional que deberá cumplir con los requisitos, acreditando años de experiencia en áreas que tengan relación con este trabajo y que sean funcionarios y deberá ser experta en funcionamiento de la administración pública".
INVESTIGAR LAS DENUNCIAS
La consejera ha indicado que los ciudadanos podrán presentar denuncias y trasladar cualquier situación sobre la que se conozca, intuya o tenga sospechas de que se está produciendo un procedimiento que se separa de la norma, y lo podrá poner en conocimiento de la oficina, que verá si realmente se cumple con los criterios y si las denuncias tienen visos de credibilidad".
Asimismo, la oficina trabajará con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y, en supuestos donde se conozca que se ha producido ilícito penal, lo pondrá en comunicación de la Fiscalía, lo que ha motivado que se pidiera audiencia al CGPJ.
"Queremos que desde la Administración se apliquen mecanismos de control que permitan poner de manifiesto de forma disuasoria, preventiva y reparadora aquellas situaciones que se salen de la norma", ha añadido.
EL PP ES "EL PERRO DEL HORTELANO"
Montero ha criticado sobre este asunto que el PP "es como el perro del hortelano, ni hace ni deja hacer", de forma que "si tienes iniciativas para luchar contra la corrupción, lo critican, y si no, también".
"El PP hace una aportación poco constructiva y ve cuestiones con gafas que no son las nuestras, pues nosotros intentamos poner luz y taquígrafos en el sector público, y cualquier procedimiento que no sea lícito será objeto de conocimiento por parte de la oficina", ha aseverado Montero.
Ésta ha recordado que en el caso del fraude y la corrupción, será esta oficina la actuante, mientras que en el caso del fraude fiscal, será la Agencia Tributaria la encargada de poner en marcha las medidas, soluciones e inspecciones que permitan conocer los defraudadores; serán organismos complementarios".
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