Los convenios suscritos ayer entre la Junta y las diputaciones suman 66,03 millones, de los que la Consejería de Gobernación subvenciona el 75% (52,31 millones), mientras que las corporaciones provinciales sufragan el 25% restante (13,72 millones).
A esta cifra hay que añadirle los fondos del Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) que se encarga de financiar la mano de obra que precisa su ejecución, y que este año aporta una subvención de 137,24 millones de euros.
La distribución de la financiación correspondiente a los fondos destinados a la creación de empleo estable y a la garantía de rentas queda de la siguiente manera: 11.163.323,35 euros para Almería, 20.097.824,84 euros para Cádiz y 29.339.750,03 euros a los municipios de Córdoba.
Además, para los pueblos de Granada se destinarán 26.592.150,65 euros, 15.448.041,27 para Jaén, la provincia Málaga recibirá 21.519.659,47 euros y para Sevilla 43.000.891,02 euros.
Pizarro quiso destacar que este programa es "muy importante y poderoso desde el punto de vista económico" ya que "ha servido para movilizar mucha economía en Andalucía, modernizar la comunidad y resolver muchos de los problemas de los 771 municipios, así como ha significado movilizar un volumen de recursos públicos muy importante".
11.158 proyectos de obras en los últimos cinco años
El consejero explicó que sólo en los últimos cinco ejercicios, desde 2004, el Programa de Fomento del Empleo Agrario ha posibilitado la realización de 11.158 proyectos de obras y servicios y la contratación de 512.303 personas.
Además, comentó que desde su creación, en 1986, el Plan ha sumado, en su conjunto, más de 3400 millones de euros de inversión; el coste de los materiales de las obras adscritas, que subvenciona la Junta, se ha elevado a más de 1.000 millones, de los que unos 759 corresponden a la Consejería de Gobernación y más de 249 a las diputaciones.
Las actuaciones de este programa abarcan desde la construcción de parques o jardines, hasta la modernización de regadíos, pasando por la urbanización de polígonos industriales, la mejora del alumbrado público, o el arreglo de calles de los municipios de Andalucía.
Este modelo de financiación de actuaciones se puso en marcha hace 23 años, primero con el PER y posteriormente con el Aepsa, que sustituyó el anterior.
Pizarro calificó a este modelo como "un ejemplo" del compromiso del Gobierno andaluz y las diputaciones provinciales con los ayuntamientos andaluces para que respondan "con calidad" a las demandas de la ciudadanía y con el ámbito rural para el estímulo de su economía.
El Consejo de Gobierno de la Junta autorizó el pasado martes el gasto de 52,3 millones para sufragar la parte que le corresponde en el Programa, cantidad que engloba la aportación de 41,1 millones de la Administración autonómica para esta anualidad, así como los intereses para la financiación de dicho montante.
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