La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias trabaja con la previsión de que los inmigrantes ingresados en la prisión de Archidona permanecerán en dichas instalaciones durante al menos tres meses.
Así quedó de manifiesto en una reunión celebrada ayer en Madrid en la sede de este organismo, en la que los responsables del mismo hicieron saber a los representantes de los sindicatos que todos los trabajadores destinados a la prisión de Archidona, técnicamente Málaga II, “serán retenidos” durante tres meses. “Nos dejaron claro que mientras haya inmigrantes en la prisión no entraría allí ni un solo funcionario”, señaló a este periódico el presidente nacional del sindicato Acaip, José Luis Pascual.
La resolución del concurso de traslados para dotar de personal este nuevo centro penitenciario, creado tras la publicación en el BOE de la correspondiente Orden Ministerial el pasado 18 de marzo, se publicó el 6 de noviembre. Pero los funcionarios tendrán que esperar estos tres meses antes de poder abandonar sus anteriores destinos para tomar posesión de los nuevos puestos.
Todos los sindicatos hicieron ayer frente común en la reunión para denunciar una decisión “que se ha llevado por delante muchos derechos humanos, pero también laborales”, según Acaip.
Al drama de los inmigrantes ingresados en una prisión, que no es un CIE, se une el problema de los trabajadores, que no podrán incorporarse a sus puestos de trabajo antes de la primavera. “A los tres meses de retención hay que sumar otro más de traslado”, explicó Pascual.
Los sindicatos insisten que ingresar a los inmigrantes en la prisión, además de ilegal, por cuanto priva de libertad a personas que no han cometido delitos, “rompe la vida de muchos trabajadores que ya habían buscado pisos o colegios para sus hijos”.
El sindicato de funcionarios de prisiones Acaip ha cumplido su promesa y ha denunciado por estafa procesal, falsificación de documentos públicos, desobediencia y detención ilegal el ingreso en la prisión de Archidona de los inmigrantes llegados en patera el fin de semana pasado a la costa murciana.
Las denuncias se han presentado ante los juzgados de Vera, donde se ha denunciado estafa procesal, falsedad documental y desobediencia, y Archidona. El sindicato ha pedido la inmediata liberación de los inmigrantes ingresados en la prisión y que se cite a declarar a los policías que solicitaron al juez el auto de internamiento.
Nerviosos y desconcertados
Nerviosismo, desconcierto y preocupación son las sensaciones que han transmitido algunos de los inmigrantes internados en el centro penitenciario de Archidona a los representantes de las organizaciones sociales que han podido acceder a ellos poco después de su ingreso.
La abogada y presidenta de Málaga Acoge, Arantxa Triguero, es una de los tres letrados que pudo entrevistarse con una decena de inmigrantes previamente identificados, con ayuda de dos intérpretes de francés y árabe. “Estaban todos preocupados porque querían llamar a sus familias” y en ese momento no había teléfono, algo que al parecer ya se ha solucionado, y desconcertados porque no sabían el lugar en el que se encontraban, ha afirmado.
Ante el desconocimiento de los internos, les explicaron que se encontraban en un centro penitenciario y que “hay mucha gente detrás” para ayudarles y que son abogados de una asociación que va a hacer “todo lo posible por sacarlos”.
Defensor del Pueblo
Por su parte, Cáritas Española ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo por la decisión del Ministerio del Interior de internar en el centro penitenciario de Archidona a medio millar de migrantes y expone que el marco jurídico español impide internar en una cárcel a personas que no han cometido delitos, por lo que reclama su puesta en libertad.
Cáritas recuerda que “la vigente Ley de Extranjería establece de forma reiterada el carácter no penitenciario de los centros de internamiento, por lo que el utilizar una prisión es un incumplimiento flagrante por parte de quien, no solo tiene la obligación de ejecutar expedientes sancionadores, sino que tiene que hacerlo conforme al marco vigente en materia de Derechos Humanos”.
Así, urge a garantizar el acceso a los procedimientos administrativos de entrada, devolución y protección internacional a todos los migrantes.
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