La Cancillería divulgó una nota 48 horas después de que el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, ordenara el martes la retirada de su embajador en Colombia, Gustavo Márquez, y otros diplomáticos, y congelara las relaciones comerciales tras tildar de “irresponsable” a su homólogo colombiano, Álvaro Uribe, por acusaciones de desvío de armas a la guerrilla colombiana.
Uribe dijo el pasado fin de semana que su Gobierno ha verificado que “grupos terroristas han adquirido lanzacohetes” en los mercados internacionales y que se quejó “a través de los canales diplomáticos ante los respectivos países”, que no citó.
Altos cargos suecos declararon el martes que las series de los lanzacohetes decomisados a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) facilitados por el Gobierno de Bogotá corresponden a armamento que Suecia vendió a Venezuela a finales de los ochenta.
En su comunicado de la jornada de ayer, la Cancillería venezolana acusa al gobierno colombiano de “rehuir” sus propias responsabilidades y querer “justificar” la apertura de varias bases militares a Estados Unidos “alegando que tres lanzacohetes supuestamente propiedad del ejército venezolano habrían llegado a manos de un grupo irregular”.
Caracas manifiesta su “indignación” por esa política, que califica de “hipócrita y grosera”, y añade que “responderá con medidas firmes cada agresión del Gobierno colombiano”.
El Gobierno de Venezuela considera también que con el acuerdo militar de Colombia y Estados Unidos Bogotá ha “aniquilado los esfuerzos emprendidos por construir una relación binacional para beneficio de ambos pueblos, poniendo claramente en peligro la paz y la estabilidad de la región”.
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