En rueda de prensa, la letrada criticó que la sentencia del TS se diera a conocer "antes" a los medios de comunicación que al propio interesado, lo cual calificó de una "total desvergüenza del sistema judicial". Asimismo, afirmó estar "contenta" con la anulación de la sentencia que lo condenaba, aunque la consideró "insuficiente", ya que señaló que debería de haber declarado la "libertad absoluta".
En este sentido, indicó que aunque en los fundamentos de derecho la sentencia del TS "de manera implícita" cuando habla de las pruebas deja entrever la inocencia de Rafael Ricardi, "el fallo parece que queda un poco inconcluso por no admitir la inocencia".
Por su parte, el abogado de APDH-A, Juan Domingo Valderrama, señaló en este sentido que "no es raro" encontrar en las sentencias del TS calificaciones "subjetivas, lo cual aquí no hace y no dice que lo que se ha cometido es bastante grave y que el error debe ser corregido" y añadió que "no hay capacidad de autocrítica".
Asimismo, tras recordar que la Fiscalía y la autoridad judicial mantenía la culpabilidad de Ricardi a pesar de un informe de ADN del año 2000 que no lo incriminaba y añadir que no empezaron a hablar de su inocencia "hasta que tuvo a otros dos culpables", Valderrama afirmó que "aquí tiene que haber un responsable".
Además, recordó que el ahora comisario provincial de la Policía Nacional, José María Deira, recibió una distinción por aquella investigación que le reportó una "retribución económica" que el abogado de APDH-A espera que ahora devuelva tras haberse demostrado que Ricardi fue condenado por un delito que no había cometido.
AYUDA Y UN TECHO
Los abogados indicaron que hasta que se resuelva el proceso indemnizatorio solicitarán a las administraciones públicas "un compromiso ya para que la vida de Rafael Ricardi vuelva a ser normal", ya que recordaron que el paro que cobra de poco más de 400 euros por haber estado encarcelado se le acaba en seis meses y que la paga no contributiva que percibía antes de ser detenido ya no la cobra. En este sentido, la letrada Antonia Alba manifestó que "esto es un supuesto de justicia social".
Por su parte, Rafael Ricardi afirmó en cuanto al proceso indemnizatorio que "no hay dinero para pagar esto" y señaló que lo único que pide es "una vivienda digna". En este sentido, añadió que "han tenido un fallo muy grande, no tengo nada y lo que pido es una ayuda normal".
Ricardi recordó que no puede trabajar porque es "inútil total para todo tipo de trabajo y por eso cobraba la paga no contributiva" y tras señalar que su situación económica "está muy mal", reiteró que lo único que pide es "ayuda y un techo".
Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es
