La Fiscalía de Sevilla ha solicitado el archivo de la investigación penal por el accidente de un A-400M ocurrido el 9 de mayo de 2015 en el aeropuerto de San Pablo -en el que murieron cuatro tripulantes y dos resultaron heridos- al no ver imprudencia en ninguno de los profesionales que lo manipularon.
Según informaron a Efe fuentes del caso, la Fiscalía ha solicitado el sobreseimiento provisional de la investigación penal abierta en el juzgado de instrucción 13 de Sevilla tras recibir el informe pericial de la Comisión para la Investigación Técnica de Accidentes de Aeronaves Militares (CITAAM) del Ministerio de Defensa sobre la caída del avión, que impactó en una torre de alta tensión, durante un vuelo de prueba por el fallo de tres motores.
Añade que ello no cierra la puerta a reclamar las "responsabilidades civiles oportunas" pero la investigación penal sería para exigir "responsabilidades personales a título de imprudencia", algo que tras analizar el informe de Defensa, no considera que sea posible exigir "a ninguno de los intervinientes en la cadena de causas naturales" del siniestro.
El Ministerio Público considera que aunque se puede decir que "no se evaluaron todos los escenarios posibles", el accidente mortal se produjo por "la necesaria confluencia" de varios "factores concatenados, unidas a las decisiones tomadas en el vuelo" los cuales "impiden aislar comportamientos individuales o conjuntos" que permitan "atribuir personalmente a cualquiera de los intervinientes" una falta en el "deber objetivo o subjetivo de cuidado".
Entiende que del informe pericial "se desprende que cada interviniente observó el deber de cuidado del profesional medio, aun cuando debamos concluir que evidentemente no se aplicó todo el esfuerzo necesario en el ejercicio de su actividad, previendo todos los escenarios y posibilidades que hubieran evitado el accidente".
Pese a ello ni los tripulantes del vuelo ni los técnicos que trabajaron en el avión "incurrieron en un defecto de previsibilidad" sino que emplearon "la prudencia que en cada caso era adecuada, analizando aisladamente" cada uno de los factores que juntos provocaron el siniestro.
Sobre la tripulación, para la Fiscalía "hubo errores" en su actuación pero adoptaron "las decisiones razonables habida cuenta de las circunstancias concurrentes, aunque no fueran las más adecuadas".
Actuaron "de manera lógica ante los diferentes avisos recibidos, las limitaciones impuestas por la torre de control y la falta de formación en reacción conjunta ante las emergencias existentes" teniendo en cuenta que el fallo de tres motores a la vez es "tan inusual, tan poco probable y de efectos tan críticos que resultaba muy complejo poder procesar toda la información" para tomar decisiones adecuadas "en un tiempo tan reducido".
Respecto a los responsables de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (EASA), EPI (fabricantes del software de control de los motores) y Airbus Defense and Space, o el operario que cargó el software "que originó la defectuosa lectura de los sucesos reales, no infringieron en sus labores una norma técnica de cuidado".
"El sistema no generaba ningún mensaje de alerta" y la documentación para el trabajo del operario no "incluía ninguna comprobación posterior", si bien "empleó la prudencia que se le exigía, llegando a pedir consejo de los expertos".
Las mismas fuentes señalan que el informe de Defensa recoge "una falta de coordinación" entre Airbus Defense y el fabricante del software EPI sobre la actualización del programa, así como "una diferente interpretación" en aspectos técnicos del mismo, pero los responsables de EASA aprobaron que "el problema detectado no reportara alerta o aviso".
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