La familia que habita la finca La Palma, en el Camino de Montealegre, mantiene desde hace años una batalla legal contra los propietarios de una explotación avícola situada a escasos metros de su vivienda como consecuencia de las molestias que le ocasiona esta actividad, que se traducen fundamentalmente en un fuerte olor que condiciona su vida diaria. Tanto el Ayuntamiento como el Defensor del Pueblo andaluz le han dado ya la razón, pero a pesar de ello la actividad sigue adelante.
Pedro Moreno, que es el portavoz de los afectados, ha llamado en reiteradas ocasiones a la Policía Local para que los propios agentes constaten la veracidad de los hechos que denuncia. En esas visitas, los efectivos policiales procedieron incluso a entrevistarse con el propietario de la explotación avícola, que mostró una autorización de la Consejería de Agricultura y Pesca pero ningún tipo de licencia municipal.
De hecho, existe un documento firmado por el teniente de alcaldesa de Urbanismo, Dinamización Cultural, Patrimonio y Seguridad, Francisco Camas, en el que se comunica a Pedro Moreno que Urbanismo ha acordado el “cese inmediato de la actividad” en la explotación avícola “por carecer de la autorización municipal previa” y tras haber desestimado las alegaciones presentadas por su titular. El documento es de 3 de agosto de 2016. Sin embargo, la actividad sigue adelante.
Pedro Moreno también tiene en su poder otro documento municipal en el que se certifica que “no consta que la nave” que sirve de explotación avícola “cuente con licencia de construcción”.
El denunciante aporta igualmente un informe técnico de carácter privado que acredita que la finca en la que se desarrolla la actividad “fue construida sin la preceptiva licencia de obra” en 1974, encontrándose “fuera de ordenación en el PGOU vigente en la época de construcción y en el PGOU actual por la distancia a linderos”. Además, añade que la actividad de granja avícola “estaría fuera de toda posibilidad de legalización” en el marco jurídico actual, ya que entre otras cosas incumple requisitos tales como la superficie de la parcela, la distancia a linderos -que es “mucho menor” a los 20 metros que se exigen- o la separación con el núcleo urbano, que es de apenas 150 metros cuando debía ser de al menos dos kilómetros.
La familia de Pedro Moreno espera que las administraciones públicas ejecuten sus propias resoluciones. Mientras tanto se ve obligado a convivir con alrededor de 40.000 pollos y con un olor que la propia Policía Local ha calificado de insoportable.
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