Carmen de Miguel y Soledad Cordova, exaltos cargos del Ministerio de Empleo durante el segundo Gobierno de José María Aznar, cumplieron este martes el guión en su declaración ante la jueza María Núñez Bolaños negando cualquier atisbo de ilegalidad en su participación en la tramitación de los ERE de los que se beneficiaron las empresas de la Faja Pirítica de Huelva en 2002 y 2003. Como ya habían adelantado sus defensas, insistieron en que todas las ayudas se concedieron respetando la normativa en vigor desde mediados de los 90 y subrayaron que los trabajadores prejubilados cumplían siempre los requisitos. Figuran como dos de los 25 investigados en la pieza de los ERE que trata de encontrar responsables a la falta de control en unas ayudas que sumaron 40 millones y que en algunos casos acabaron recayendo en empleados que jamás habían pisado una mina.
Exsecretaria general de Empleo la primera y exdirectora general de Trabajo la segunda,ambas se aferraron al argumento central de que el Gobierno central, del Partido Popular, aplicó en el ERE de la Faja el mismo criterio que se seguía utilizando desde que en 1995 lo plasmara sobre el papel José Antonio Griñán a su paso por el Ministerio de Trabajo. Ese expediente de regulación de empleo, cofinanciado por el Estado y por la Junta, se habría pues enmarcado en un procedimiento idéntico a los anteriores, avalando así la concesión de ayudas extraordinarias a trabajadores de empresas que atravesasen serios problemas.
El sistema de adjudicación de las ayudas era pues directo y sin concurso público. Así lo ha reconocido el propio Ministerio en un informe reciente despertando la suspicacia de si en el fondo no era la misma irregularidad que se achaca a la Junta de Andalucía en la macrocausa de los ERE cuya primera pieza, precisamente del procedimiento específico, sentará a los expresidentes Chaves y Griñán y a otra veintena de exaltos cargos de la Junta en el banquillo a partir del 13 de diciembre. Ahí la tesis del Gobierno central es clara, tal y como insistió este lunes el delegado en Andalucía, Antonio Sanz, en Ondaluz TV: el problema no sería el procedimiento sino cómo se seleccionó a los beneficiarios que finalmente se embolsaron las ayudas.
En ese punto las dos exaltos cargos pasaron por alto ante la prensa. Al término de la declaración Cordova, como sus abogados, evitó aclarar si había aportado su visión personal de las supuestas similitudes entre el sistema utilizado por cada Administración. Varios letrados detallaron que había aclarado que la Junta también tenía “plenas competencias para conceder ayudas extraordinarias en materia laboral, sin concurso público pues, pero otros dieron la vuelta al argumento alegando que “tampoco ha dicho lo contrario” porque nadie “se lo ha preguntado”.
Las quejas de Carbonero
De Miguel y Cordova habrían coincidido en su declaración con la quejas de los sindicalistas salpicados por la investigación. Uno de ellos, el también investigado exsecretario de CCOO-A Francisco Carbonero,censuró que los informes de la UCO contienen “errores” por mantener que hubo “intrusos” entre los beneficiarios por no contar con la edad exigida. La orden, se quejó, no lo establecía como requisito indispensable. “La referencia a la edad era sólo un criterio del reparto del gasto”, subrayó Cordova.
Carbonero no ocultó a la salida del juzgado su “indignación” por verse salpicado en el caso. Con rotundidad aclaró que “nunca” participó en “nada” relacionado con los ERE ni firmó jamás “papeles” del caso ni “cheques”.
Del supermercado a beneficiario...
En la pieza de la Faja Pirítica hay 25 imputados.Este martes Núñez Bolaños escuchó por ejemplo la versión de Tadeo Domínguez, uno de los supuestos intrusos que habría pasado de simple trabajador de un supermercado al que acudían los mineros a beneficiario de los ERE sin ser empleado del sector. El jueves debería comparecer Manuel Pastrana, exsecretario general de UGT, aunque ha pedido no hacerlo por su enfermedad.
Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es
