El Juzgado de Instrucción número ocho ha recabado información de la sociedad municipal Transportes Urbanos de Sevilla (Tussam), perteneciente al Ayuntamiento hispalense, en el marco de las diligencias incoadas por los presuntos ataques, coacciones y amenazas sufridos en la ciudad hispalense por conductores de vehículos de transporte concertado (VTC) a manos de taxistas.
La juez instructora, según las fuentes consultadas por Europa Press, habría tomado de hecho "testimonio" a la representación de la empresa municipal, solicitando información sobre la línea especial de Tussam que conecta la ciudad con el aeropuerto de San Pablo, donde la investigación policial de la que parte la causa judicial incluyó por cierto el registro de la sede de la asociación Solidaridad del Taxi.
Dicha investigación, promovida por la Brigada de Información de la Policía Nacional, suma un total de 32 taxistas investigados por presuntas coacciones y amenazas a otros taxistas y a conductores de VTC, especialmente por situaciones conectadas con los trayectos y servicios relacionados con el aeropuerto hispalense.
Tussam, recordémoslo, denunció en 2016 a la Policía Nacional que uno de los autobuses de su línea especial del aeropuerto había sido apedreado por parte de seis "encapuchados" cuando circulaba por la avenida Kansas City, toda vez que en 2015, los representantes de la plantilla alertaron a las autoridades de situaciones de "tensión" entre los conductores de esta misma línea y "un grupo minoritario de los taxistas" del aeropuerto. Dicho aviso, de hecho, derivaba del presunto ataque perpetrado por un taxista contra uno de los autobuses.
REGISTRO EN EL AEROPUERTO
En cualquier caso, la citada investigación policial, de la que parte la actual causa judicial, incluyó el pasado mes de junio el registro de la sede de la asociación Solidaridad Hispalense del Taxi, una de las dos principales organizaciones gremiales del sector del taxi de Sevilla, con fuerte presencia en el aeropuerto. La sede de la asociación, en ese sentido, está enclavada en las propias instalaciones del aeropuerto.
Las asociaciones del taxi, de su lado, se desligan de los altercados investigados y acusan a los conductores de VTC de incurrir constantemente en situaciones de "intrusismo" o competencia desleal, pues la regulación de los VTC es diferente a la de los taxis y les prohíbe captar clientes en la vía pública, por ejemplo.
La Unión Nacional de Autoturismos (Unauto), que agrupa al sector de los VTC, ha llegado no obstante a exponer a la propia fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, la "insostenible situación de violencia" sufrida por los conductores que ejercen esta actividad en Sevilla, para empresas como Cabify. Es más, la citada organización, según ha manifestado a Europa Press un portavoz de la misma, se ha personado ya en las diligencias incoadas por el Juzgado de Instrucción número ocho.
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