Canalda manifestó a Efe que el comportamiento violento de menores, como el de los detenidos por presuntas violaciones en Isla Cristina (Huelva) y en las localidades cordobesas de Baena y Priego, responde a un problema doble, “educativo y legislativo”.
En el tema educativo los padres y la sociedad tienen una gran responsabilidad, señaló, a la vez que quiso destacar que desde que ocupa el cargo del Defensor del Menor ha pedido tres veces en el Congreso de los Diputados la reforma de la Ley del Menor.
“Después del verano el PSOE y el PP deberían sentarse y pensar que la ley es buena en el ochenta por ciento de los casos pero en el otro veinte por ciento no, tiene déficit y ahí es donde hay que trabajar”, explicó.
Canalda destacó que la ley no funciona para los delitos más graves porque “el tiempo que se establece para este tipo de delitos es insuficiente para la total reinserción de los niños”.
“En el caso de los menores no imputables no tiene ningún sentido que si han sido capaces de cometer algo muy grave con esas edades se queden sin ninguna respuesta por parte de la sociedad, tiene que haber por lo menos una respuesta educativa y obligatoria”, señaló.
Para Arturo Canalda, a los menores que han cometido delitos graves hay que aplicarles “medidas que les hagan saber de verdad lo que han hecho”.
“Con el ánimo sereno hay que reflexionar que algo está pasando, que nuestra sociedad vive una auténtica crisis de valores, que nadie educa a los niños en una sexualidad responsable”, comentó Arturo Canalda, que ha pedido que los guionistas de las series de televisión de culto para jóvenes no transmitan que “el todo vale”.
Por su parte, el defensor del Pueblo y del Menor en Andalucía, José Chamizo, aseguró días atrás que antes de reformar la Ley del Menor “hay que hacer un estudio de los casos que ha habido de menores imputables, y una vez se tengan los datos hacer una reflexión”.
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