El Impuesto de Sucesiones y Donaciones será a partir del 1 de enero tan sólo un mal sueño para la clase media andaluza. El acuerdo suscrito este miércoles en el Parlamento regional entre el PSOE y Ciudadanos, el punto del que pendía toda la negociación para la aprobación de los Presupuestos de 2018, entierra de facto el polémico tributo para todas las herencias cuyo importe no supere el listón del millón de euros por cabeza. Eso, en la práctica, implica que tan sólo pasarán por ventanilla para pagar quienes reciban bienes cuya tasación supere en al menos un euro ese listón. Es decir, los grandes patrimonios. El acuerdo costó meses cocinarlo y entrega en bandeja al grupo de Juan Marín una clara victoria: se apunta el tanto de haber obligado a la Junta, muy reticente durante el primer tramo de la legislatura, a acatar la mayor reforma fiscal de los últimos 35 años.
Medallas políticas al margen, la rebaja plasmada en un acuerdo de 14 folios se traduce en que cónyuges, hijos, nietos y padres, los considerados por la ley parientes directos, podrán regatear desde 2018 el temido impuesto siempre que cada uno de ellos herede por debajo del ya consabido millón de euros, lo que implica multiplicar por cuatro el tope exento actual de 250.000 euros. Hermanos, primos y tíos quedan por ahora fuera de ese paraguas.
La reforma introduce otras novedades, por ejemplo la corrección del error de salto. Era un fleco pendiente de la rebaja pactada a finales de 2016 que provocaba distorsiones al no discriminar correctamente en función del exceso sobre el mínimo exento. Ahora las cuentas son claras: quien herede por ejemplo 1,1 millones tan sólo pagará por los 100.000 euros al quedar totalmente amortiguado el peso del primer millón en la factura final, independientemente de lo que se reciba. Hay también condiciones, como que el patrimonio que atesore el perceptor de la herencia tampoco supere el millón.
Otra novedad afecta al impacto en el bolsillo de las donaciones, la segunda pata del impuesto que estaba más penalizada incluso que la legación de bienes por muerte de un familiar. A partir del 1 de enero también se aplicará la exención del millón de euros si el beneficiario de la donación puede demostrar que la destina a la constitución o ampliación de un negocio propio. Eso sí, la empresa deberá tener domicilio social en Andalucía, crearse en un plazo de seis meses mediante escritura pública, no destinarse a gestionar patrimonios y que no se disuelva antes de cinco años contados desde el momento de la recepción de las cantidades. Las ventajas alcanzan también al colectivo de discapacitados, que quedan fuera de la exigencia de no contar con el patrimonio previo del millón.
Casi 90 millones de coste
El acuerdo en el que estamparon ayer sus firmas Juan Marín, líder de Ciudadanos, y Juan Cornejo, secretario de Organización del PSOE, calcula que con ese paquete de medidas las arcas de la Junta dejarán de ingresar en torno a 90 millones de euros cada año (83 millones por elevar al millón el mínimo exento, unos 4,5 millones por las ventajas para discapacitados y 300.000 euros por las novedades en las donaciones). ¿Cómo se compensará? La Consejería de Hacienda se negó desde el arranque de la legislatura a abordar una reforma de calado alegando que afectaría a sus cuentas, pero ahora cree que el fin de la crisis y el incremento de otras partidas de ingresos lo amortigua. A la presidenta, Susana Díaz, quizás le preocupara mucho más la fuga de votos si mantenía el impuesto.
Díaz claudica, Marín triunfa... y Moreno sin bandera
Punto y final. Salvo que alguien se atreva ahora a pisar el fango de erigirse en defensor de las grandes fortunas el Impuesto de Sucesiones y Donaciones está a punto de salir del campo de minas político. El fuego cruzado que monopolizó parte del debate político en el arranque de legislatura queda en la práctica desactivado.
En el Parlamento hubo abrazos y sonrisas pero a la Junta de Andalucía, y a Susana Díaz en particular, le ha costado años abandonar su trinchera. La presidenta dio finalmente la orden de ceder a las exigencias de Cs porque vio perdida la guerra: el impuesto más impopular en décadas amenazaba con provocar otro torrente de movilizaciones. Era impopular y podía pasar factura en las urnas. Eso, unido a que en realidad el PSOE incluyó la rebaja en su programa electoral de 2015, aconsejaba finiquitar de una vez el debate. Díaz celebró en San Telmo que el acuerdo da “estabilidad” a Andalucía porque le permitirá de nuevo lucir que es la primera comunidad en contar con Presupuestos. Atrás quedan los tiempos en los que la Consejería de Hacienda se esforzaba en recordar que apenas un 7% de los andaluces paga el impuesto, estrenaba simuladores, negaba la fuga de contribuyentes a Madrid, retaba a Montoro a “rescatar” el impuesto por ser de titularidad estatal o animaba a Rajoy a eliminarlo en cualquier Consejo de Ministros.
El impuesto en la práctica desaparece para el común de los mortales y el lenguaje era este miércoles ya otro. La consejera Montero redujo el impacto ya a un puñado de “millonarios” y el daño sobre los ingresos, otrora el argumento para negar la rebaja, ya casi ni preocupa. Paradojas de la política.
El triunfo tiene nombre y atiende al de Juan Marín. El líder de Ciudadanos ha rentabilizado como nadie los ocho votos que atesora su grupo parlamentario. Díaz los necesita y la formación de Albert Rivera ha cumplido con lo que prometió: centrar parte de su estrategia en rebajar la presión fiscal. El impuesto, celebró ayer triunfante, tiene expedido un “certificado de muerte”. Tan profunda es la reforma que incluso se atrevió a presumir de que ahora un madrileño pagará 9.000 euros por heredar 900.000 euros y un andaluz nada.
El gran perdedor en el desenlace final es Juanma Moreno. El PP-A capitaneó buena parte de la revuelta contra el gravamen: espoleó las protestas, recogió firmas y llevó iniciativas en el Parlamento. La medalla es para Cs. La política es así de desagradecida.
Sanidad y educación
La caída del Impuesto de Sucesiones fue ayer la estrella, pero el acuerdo implica también la vía libre al Presupuesto de 2018. Cs arranca al PSOE que los fondos de salud crezcan un 5% y los de educación casi un 4%, y más apoyo a infraestructuras, Justicia o Atención Temprana.
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