La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez, ha reclamado al Gobierno central que pague por el servicio de teleasistencia de la Ley de Dependencia, por el que debe ya a la Junta "18 millones de euros, dos millones más cada mes que pasa".
Según una nota de la Junta, lo más alarmante es que el Gobierno central sí reconoce a nivel estadístico a las 28.000 personas beneficiarias en Andalucía, pero no abona el dinero correspondiente por las prestaciones.
Andalucía está apostando por dispositivos que permiten la detección de situaciones de riesgo, como detectores de gas, humo o caídas, que se prevé superar la cifra de más de 50.000 en los próximos tres años, según la nota.
También ha avanzado que "la Junta de Andalucía está trabajando en una teleasistencia adaptada para personas o colectivos con determinadas necesidades funcionales que le impidan el acceso al modelo convencional, mediante el uso de dispositivos inteligentes específicos y una aplicación móvil de teleasistencia.
Además las prestaciones que ofrece el Servicio de Teleasistencia Andaluz (SAT), la teleasistencia avanzada incluye que la persona usuaria precise apoyos tecnológicos complementarios dentro o fuera del domicilio, o en ambos casos, así como la interconexión con los servicios de información y profesionales de referencia.
A lo largo de los ocho primeros meses de 2017 se han dado de alta en el SAT un total de 22.572 nuevas personas usuarias y en la actualidad cuenta con más de 208.000 personas titulares.
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