La Diputación de Cádiz ha decidido introducir una serie de mejoras en los pliegos técnicos y administrativos que se van a publicar para licitar la prestación del Servicio de Atención a Domicilio para personas en situación de Dependencia en los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes. El objetivo es, por una parte, mejorar la gestión del servicio que prestan las empresas adjudicatarias. Y, por otro lado, adaptarse a las nuevas directrices sobre la aplicación de cláusulas sociales en los contratos del sector público.
La diputada provincial responsable del Área de Igualdad y Bienestar Social, Isabel Armario, ha sido la encargada de explicar en qué consisten estas novedades. Las mismas son el fruto del “diálogo constante que hemos mantenido con las trabajadoras que prestan el servicio y con los ayuntamientos”, ha dicho. En cuanto a las cláusulas sociales, se valorará a las empresas de economía social o del tercer sector. Además, en los criterios de adjudicación se dará también una mejor valoración a las empresas que cuenten con un Plan de Igualdad con adaptación específica al objeto de licitación. Todo esto se hace, como ha dicho Isabel Armario, “atendiendo a las demandas que nos hacían desde el propio sector”.
Se mantienen las cláusulas sociales ya existentes en pliegos precedentes, como las relativas a la atención a las personas cuidadoras, la realización de talleres participativos con las personas usuarias, la subrogación del personal anterior o el porcentaje de personas con discapacidad contratadas, entre otras.
Armario ha dado cuenta también de los cambios relativos al precio de licitación del servicio. La diputada ha indicado que el presupuesto de esta licitación, que se hace para un periodo de dos años, es de aproximadamente 20 millones de euros. Al respecto hay que precisar que esta cantidad se ha incrementado en un millón de euros anual “con recursos propios de la Diputación”. La finalidad de este aumento en la inversión es que “redunde directamente en las nóminas de los trabajadores”. Esa condición va a quedar expresamente recogida en los nuevos pliegos de contratación, al igual que la obligación de que un porcentaje de esa inversión vaya destinado a sufragar la compra del vestuario o los materiales necesarios para que los profesionales puedan desarrollar su trabajo con los mejores medios.
Isabel Armario ha recordado que la mejora y dignificación del Servicio de Ayuda a Domicilio ha sido una “prioridad desde que llegamos al Gobierno de la Diputación”, tanto en lo que se refiere a las condiciones laborales de los profesionales como a la atención que reciben los usuarios.
En los municipios con menos de 20.000 habitantes, donde la Diputación de Cádiz coordina este servicio, hay 1.500 usuarios y unos 780 trabajadores, de los que el 95% son mujeres.
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