El PP comprobó durante el arranque de año que las protestas ciudadanas contra los recortes y las deficiencias en el sector sanitario podían erosionar (y de qué manera) la imagen de gestora de Susana Díaz y, de paso, arrimar votos a su causa. Caída la cúpula de la Consejería de Salud y en apariencia calmadas las aguas tras enterrarse las polémicas fusiones hospitalarias ahora parte de la estrategia de desgaste al Gobierno andaluz pasa por denunciar déficits en otra de las grandes patas de los servicios públicos, la de la educación. En público y en privado los dirigentes del primer partido de la oposición confiesan que están volcados en ese frente.
Antes del verano los populares anunciaron que iban a invertir buena parte de los meses de julio y agosto en cumplir una larga tournée por colegios públicos de las ocho provincias. Era, anunciaron, su forma de no “bajar la guardia” y de fiscalizar al Ejecutivo. Se trataba de comprobar si las obras de mejora anunciadas por la Consejería cuyas riendas acababa de coger Sonia Gaya se ejecutaban realmente. En aquellos días se acababan de anunciar los trabajos de climatización para combatir en el futuro los problemas provocados por las altas temperaturas. También quedaba por supervisar si se estaba acabando con las aulas prefabricadas y retirando de ellas el amianto.
A punto de esfumarse ya el verano Carmen Crespo, portavoz parlamentaria del PP andaluz, denunció ayer que aquel propósito ha acabado en saco roto porque la Junta de Andalucía se habría esforzado en colocarle obstáculos. Según la versión que ofreció ayer la número 2 de Juanma Moreno en la Cámara sus compañeros no han podido pisar ni uno de los 72 colegios que incluyeron en su lista. Algo parecido ha ocurrido con los centros de salud: pretendían comprobar el estado de 53 y apenas les facilitaron el acceso a ocho, uno por cada provincia andaluza.
El PP intuye que nada es casual y ha anunciado que pedirá amparo al presidente del Parlamento andaluz, el socialista Juan Pablo Durán, en busca de explicaciones sobre el presunto bloqueo de la Junta a sus inspecciones. Sus dirigentes advierten de que su función desde la oposición es controlar las actuaciones del Gobierno y lamentan por ello “las trampas” que Susana Díaz estaría deslizando a su paso.
Con visitas o sin ellas, el partido tiene ya sus propio balance de la gestión educativa de la Junta. Las conclusiones esbozadas ayer por Crespo reducen los planes de climatización de aulas a meros “toldos y arbustos” que no resolverán los problemas al final del próximo curso. El pasado julio se detallaron actuaciones en 51 centros con obras por valor de 2,5 millones. Tampoco convence al PP-A la retirada de amianto, que según Educación se prolongará “hasta el año 2020”, ni la erradicación de las aulas prefabricadas porque “se quitan de un lado y luego se colocan en otro”.
Y ahora el Presupuesto
Crespo confirmó este miércoles que durante las próximas semanas la batalla política volverá sus ojos hacia la redacción del Presupuesto andaluz de 2018, una ley para cuya aprobación Susana Díaz necesitará de nuevo de la ayuda de Ciudadanos. Si cristaliza el ansiado recorte al Impuesto de Sucesiones y Donaciones no habrá problemas en cuadrarlo. El PP asegura que vigilará las grandes cifras porque en parcelas como la educativa “nada se parece entre el presupuesto inicial y el que luego resulta”. Como ejemplo, se aferra al dato de que la ensalzada mejora en el número de profesores se estaría compensando con pérdida de inversión en instalaciones.
La consejera de Educación, Sonia Gaya, presentó también este miércoles en el Parlamento los ejes del nuevo curso que acaba de arrancar. Será clave en los próximos meses entablar “un diálogo y un debate de calado” con la comunidad educativa para dar “un salto cualitativo” que mejore el sistema. No convenció a la oposición, que le reclamó que deje de "enmascarar con propaganda" la realidad de Andalucía.
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