El Tribunal de Cuentas ha citado el próximo 25 de septiembre en Madrid a once ex altos cargos del Govern, entre ellos el expresidente Artur Mas, para comunicarles la fianza que deberán abonar para hacer frente al gasto público destinado a la consulta del 9N, estimado en 5,12 millones de euros.
Según fuentes próximas a los implicados, entre los citados están también los exconsellers Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs, todos ellos inhabilitados, al igual que Mas, por la consulta del 9N, y también se incorpora ahora a otros siete cargos políticos y técnicos de los departamentos de Presidencia y Gobernación de la Generalitat.
En el listado se incluyen el ex secretario general de Presidencia, Jordi Vilajoana, así como Lluís Bertran, Josefina Valls, mujer del exconseller Jordi Baiget, que abandonó el Govern precisamente por miedo a perder su patrimonio; Carolina Pardo, Jaume Domingo, Ignasi Genovés y Jordi Serra.
Fuentes de los implicados han señalado a Efe que ese día se les comunicará la cuantía de la fianza y cómo se reparte, dado que no todos los citados tienen el mismo grado de responsabilidad contable.
No obstante, estas fuentes han dado por supuesto que diversas organizaciones soberanistas organizarán colectas para hacer frente a esa fianza, por lo que creen que no tendrán que hacer frente a embargos ni hacer frente a la cuantía con su patrimonio personal.
El escrito cita para ese día a estos once ex altos cargos para que hagan frente a la "liquidación provisional" de los gastos del 9N.
A principios de junio, la Fiscalía presentó un informe al Tribunal de Cuentas en el que apoyaba la apertura de una investigación contra Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs para determinar su responsabilidad en el gasto de más de cinco millones de euros en las votaciones de la consulta del 9N.
El origen de esta citación del Tribunal de Cuentas es un escrito de diversas entidades que solicitaron la incoación de esa investigación por el uso de dinero público en el proceso de consulta secesionista del 9 de noviembre de 2014.
En concreto, Sociedad Civil Catalana, Associació Civica y Cultural y Abogados Catalanes por la Constitución impulsaron una acción ante el uso de fondos públicos (5.129.833 euros) para una consulta ciudadana "carente de cualquier cobertura constitucional y presupuestaria".
El fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Miguel Ángel Torres, consideró que los hechos pueden ser constitutivos de responsabilidad contable por tratarse de gastos destinados "a un fin radicalmente ajeno a la función pública, por tanto carentes de justificación".
Es decir, "numerosos pagos" con cargo al erario cuyo fin era desarrollar un acto contrario al ordenamiento jurídico.
La ley del Tribunal de Cuentas determina que quien por acción u omisión contraria a la ley origine "el menoscabo de los caudales o efectos públicos, quedará obligado a la indemnización de los daños y perjuicios causados".
La ley determina que es "alcance" el saldo deudor injustificado de una cuenta o la ausencia de justificación en las cuentas que deban rendir quienes tienen a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos.
De acuerdo con el escrito de las entidades denunciantes, los pagos injustificados habrían sido 14.837,60 euros para la página web, 70.532,08 euros para la fabricación y transporte del material usado en la votación y 2.800.735,13 para la compra de ordenadores.
También contempla 828.171,42 euros para la campaña de publicidad institucional, 1.409,26 euros para pólizas aseguradoras para los voluntarios, 1.106.185,88 euros para labores de apoyo informático a la consulta y 307.962,71 euros para el envío de información.
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