El Gobierno local defendió este sábado su decisión de abrir un procedimiento negociado y sin publicidad para contratar servicios jurídicos, argumentando entre otras cosas que la carga de trabajo “es tal” que a principios de este mismo año uno de los letrados del gabinete jurídico municipal puso el caso en conocimiento de la Inspección de Trabajo. Además, desde el Ejecutivo se asegura que en la plantilla del Ayuntamiento “sólo hay siete funcionarios con estudios de Derecho”, dándose el caso de que “en su mayoría” están ocupando otros puestos en el organigrama municipal como consecuencia de la escasez de funcionarios.
La contratación externa de estos servicios tendrá un coste de 26.250 euros. Ya con anterioridad se ha acudido a procedimientos similares precisamente para paliar las carencias de la plantilla. De hecho, a principios de año se procedió a la contratación externa de un despacho de abogados por un importe de 18.000 euros, habiendo finalizado ya este contrato. En estos meses, ese bufete ha debido asumir la friolera de 60 procedimientos judiciales.
Según el Gobierno local, esta circunstancia pone de manifiesto “la necesidad de seguir contando con un servicio externo de defensa jurídica”.
El PP, por su parte, considera que el Ejecutivo socialista “se ha cargado el gabinete jurídico para ahora contratar estos servicios”, estimando que en el Ayuntamiento “hay más de 50 juristas, ocho de ellos con gran experiencia en asistencia a juicios” y a los que no se le asignan funciones “para así tener una coartada para contratar los servicios fuera, con un sobrecoste” para las arcas públicas.
El Gobierno niega este extremo y sostiene que “el problema de la insuficiente dotación de letrados lo originó el PP, que en la RPT que aprobó en 2012 determinó que el puesto de letrado sólo podía ser ocupado por personal funcionario”. Así las cosas, el Ejecutivo acusa al PP de tratar de “confundir” a la opinión pública al decir que hay 50 juristas en plantilla, “cuando en realidad sólo siete son funcionarios”.
De igual modo, muestra su “sorpresa” por estas críticas porque en la legislatura anterior los populares “hicieron contrataciones a dos bufetes externos por un importe total de 201.283 euros”. Y además, asegura que el procedimiento de contratación que se ha iniciado “es el que la ley determina según la cuantía, es decir, el procedimiento negociado sin publicidad”, para lo cual se han hecho invitaciones “a más de tres despachos” y se ha publicado en el Perfil del Contratante “para general conocimiento y con el fin de permitir que otros bufetes interesados puedan concurrir”.
Los populares recuerdan mientras tanto que estamos ante “el tercer contrato de asistencia jurídica externa que se concatena” en el presente ejercicio y no descartan por todo ello “poner en conocimiento de la justicia este nuevo atropello de Mamen Sánchez y el PSOE en el Ayuntamiento de Jerez”.
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