El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce en relación con la carta enviada a los medios de comunicación por la Delegación Territorial de Medio Ambiente de la Junta deseo realizar las siguientes puntualizaciones:
Este Ayuntamiento ha denunciado a la Fiscalía los fuertes olores a hidrocarburos y el malestar físico de muchos de nuestros vecinos que hemos padecido en esta ciudad especialmente la semana pasada.
Una ciudad donde desgraciadamente se distingue perfectamente entre ese tipo de olores y los que pueden ser ocasionados por los vertidos de la red de pluviales fruto de pinchazos ilegales de muchos años.
Efectivamente, este Ayuntamiento, con la sola ayuda de la Mancomunidad y el Gobierno central a través del Ministerio de Medio Ambiente, está haciendo todos los esfuerzos posibles para corregir dichos vertidos históricos que padecía esta ciudad, sin contar eso sí con la aportación de un solo euro de la Junta, a pesar de que la Junta percibe todos los años dos millones de euros de los algecireños, fruto del canon autonómico con el que grava el recibo del agua y que no son gastados en Algeciras.
Este Ayuntamiento no solo está trabajando ya en el colector de Jacinto Benavente, sino que está buscando solución para el resto de los colectores de la ciudad, sin contar con el más mínimo apoyo económico de la Junta, la cual incluso pone todo tipo de trabas en las negociaciones para la autorización de vertidos.
La Junta vuelve a demostrar con esta carta su desprecio por los algecireños, tanto a su salud como a su inteligencia, al tratar de poner cortinas de humo y confundir a la opinión pública sobre incidentes muy grave claramente reconocibles y denunciados a la Justicia.
Lamentamos este proceder de la Junta, pero no vamos a permitir que se juegue con la salud de los algecireños, puesto que las emisiones de hidrocarburos de la semana pasada no guardan relación con la red de saneamiento y tienen su origen, según la propia carta del delegado territorial, en otros focos situados en el puerto.
Por ello, la Junta no puede autorizar la actividad de industrias instaladas en el puerto que no contemplen todas las medidas de seguridad y de recogida de gases para evitar su emisión a la atmósfera, así como actuaciones adecuadas que producen unos perjuicios medioambientales y de salud a los ciudadanos.
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