La Junta y el Gobierno central coincidieron este martes en que a estas alturas la vía del diálogo sería la mejor receta para desenredar el laberinto en el que han quedado atrapados más de 250.000 empleados públicos andaluces tras admitir el lunes el Tribunal Constitucional el recurso contra el decreto que rebajó de 37,5 a 35 horas su semana laboral y activar la suspensión cautelar. Ambas partes volvieron a arrojarse los trastos a la cabeza pero asumiendo que los errores cometidos en una y otra orilla recomiendan forzar la vía del entendimiento. Si no encuentran el punto de convergencia es posible que en septiembre los trabajadores de la que es la mayor maquinaria administrativa del país vean de nuevo ampliados sus horarios para que, paradojas, quizás se los recorten meses después.
Sobre los funcionarios y el resto de trabajadores del sector pende un doble despropósito. La Junta se embarcó en 2016 en una arriesgada pirueta para saltar por encima de la legislación nacional, la misma que en 2012 obligó a que el listón se incrementase hasta 37,5 para que el Estado, en plena crisis, se pudiera apretar el cinturón. Con más horas por cabeza la ecuación daba para funcionar con menos contrataciones de funcionarios e interinos. Nada había cambiado en junio de 2016, pero la Junta puso en marcha la operación retorno y cerró con los sindicatos el acuerdo para desmontar los recortes. En noviembre llevó el decreto de las 35 horas al Parlamento y comenzó a aplicarlo en enero de este año. El Gobierno calló en tiempos de debilidad parlamentaria, pero en el último suspiro recurrió al TC y pidió la suspensión, algo que fructificó este lunes.
El Gobierno de Díaz asumió los riesgos y está a punto de perder su apuesta. Ahora, sin embargo, lejos de asumir errores clamó contra el Gobierno central para que solucione de inmediato “el desaguisado”. La presidenta ha dado orden de abrir la mano al diálogo pero exige a cambio que Mariano Rajoy autorice al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a solicitar al TC que anule la suspensión cautelar del decreto. Si no lo hace éste quedará sin efecto cuando venza agosto, mes inhábil en Justicia, y la Junta haya agotado ya sus 15 días para alegar. El portavoz del Consejo de Gobierno, Juan Carlos Blanco, escenificó la “consternación” de su Ejecutivo y censuró el “empecinamiento” del PP por desbaratar “en el último minuto” el órdago socialista.
La Junta no reconoce error y se aferra a la necesidad de sumar hasta 7.000 nuevos efectivos para prestar mejores servicios. La pelota la lanza al tejado del Gobierno central porque éste también anota culpas en su particular parcela. Desde Moncloa no hay nadie que sea capaz de explicar, más allá de la argumentación jurídica, por qué se recurre y se tumba una reducción de las horas de trabajo que el propio Cristóbal Montoro ha reconocido que sopesa incluir en los Presupuestos de 2018 para que la disfruten todos los empleados públicos del país. Al discurso múltiple contribuyó también ayer el líder del PP-A, Juanma Moreno, que ha pasado de pedir que no se suspendiera el decreto a acusar a Díaz de fomentar “la confrontación”.
Bajo la bronca política hay miles de empleados públicos que aún no saben cuándo verán de nuevo incrementada su jornada. Lo que sí tienen claro CSIF y UGT, y ayer reiteró CCOO, es que en septiembre habrá movilización e incluso huelga para paralizar el sector. Su secretaria general en Andalucía, Nuria López, reclama al Gobierno central que reconsidere su decisión de recurrir al Tribunal Constitucional el decreto ley por el fuerte impacto que tendrá en el empleo y en los ciudadanos. A su juicio, se trata de un "ataque" que puede afectar a entre 8.000 y 10.000 empleos en el sector público en los próximos meses.
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