El Gobierno de Susana Díaz y el PSOE-A cumplieron el guión durante el pasado fin de semana y exigieron a Juanma Moreno ante todos los micrófonos que encontraron a su paso que levantase “la voz” contra la decisión del Gobierno central de recurrir la restitución de la jornada semanal de 35 horas a los empleados públicos andaluces. Ese ansiado movimiento se produjo este martes y con sorpresa adicional. Tras un acto público en la sede regional del partido el presidente del PP-A sorprendió a todos revelando que su intención es reclamar a su compañero de filas y ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, que no pulse el botón que más teme la Junta de Andalucía, el de la suspensión cautelar de aquel decreto ley con el que se retó en enero al Gobierno central rebajando las 37,5 horas a sólo 35. “Si se puede, evítese”, certificó.
"Si se puede evitar (la suspensión cautelar de la norma andaluza), evítese"El Consejo de Ministros aprobó recurrir el pasado viernes ante el Tribunal Constitucional al considerar que ninguna comunidad puede saltarse las medidas restrictivas que aplicó el Gobierno de Rajoy en 2012 y mucho menos aplicar ventajas a sus empleados públicos sobre los del resto de comunidades. Cuando se formalice ese recurso el TC tendrá un plazo máximo de seis meses para pronunciarse, pero el Ejecutivo nacional puede, si lo desea, solicitar la suspensión cautelar de la norma andaluza. Eso implicaría su anulación inmediata, por lo que los funcionarios y el resto de trabajadores de la Administración regional verían aumentada automáticamente de nuevo su jornada semanal hasta las 37,5 horas.
Esa última jugada, sobre la que aún existe incertidumbre pese a los guiños en contra del lunes en Madrid, es la que Moreno no desea ahora que se cumpla. A Susana Díaz, pues, le surge un aliado inesperado y nada frecuente. Moreno ha intentado capear como ha podido el temporal en aquellos frentes que la Junta expone como supuestos “agravios” del Gobierno central, desde la infrafinanciación autonómica hasta el “maltrato” en los Presupuestos Generales del Estado o el reciente techo de déficit. En la parcela de las 35 horas Moreno sí que ha tomado partido.
¿Por qué? El líder del PP andaluz ha quedado atrapado ahora en la propia indefinición de su partido, que el viernes recurrió la norma andaluza para sólo tres días después, el lunes, abrir la puerta a extender esas mismas condiciones a todo el territorio nacional. La Junta hizo sangre ayer y reclamó “que se acabe con las contradicciones”, animadas aún más por criterios dispares de dos compañeros del Consejo de Ministros: mientras Montoro sopesaba esa posibilidad en Madrid, De Guindos se aferraba al recurso en Málaga y descartaba bajar de las 37,5 horas.
Todo un laberinto
En el PP andaluz saben del riesgo de ponerse en contra a la nada despreciable cifra de 270.000 empleados del sector público andaluz. Tampoco se les escapa que si suben el torno contra Díaz y sus 35 horas y finalmente Rajoy abre la mano y lo aplica en toda España en apenas seis meses quedarán en evidencia. Moreno ha optado pues por ejercer de mediador y ayer anunció que ha mantenido ya contactos con Montoro para que descarte la suspensión cautelar de la norma. Eso sí, asume que será “complicado” y que podría implicar otra intervención del Consejo de Ministros.
La sintonía no puede aparentar idilio, así que el líder del PP-A aprovechó para enviar recados a Susana Díaz. Le reprochó que haya generado “confrontación” yendo por libre con su decreto ley, generar “bronca” e incluso actuar como “hooligan” por captar “un puñado de votos”.
La campaña de los 1.088 millones
El Gobierno de Susana Díaz tiene tantos frentes abiertos con el Gobierno central que casi se ha relegado ya a un segundo escalón el penúltimo conflicto del techo de déficit autorizado hace apenas días por el Ministerio de Hacienda y por el que la Junta clama que perderá unos 600 millones en dos años. El PP andaluz está dispuesto a demostrar que Andalucía sale ganando con la ayuda financiera que le presta su partido desde Madrid y ha dado forma a una campaña con ese llamativo eslogan.
El objetivo no es otro que incidir ante el ciudadano en que no hay “maltrato” del Ejecutivo de Rajoy, que a Andalucía deberían salirle las cuentas y que si no es así es porque Díaz no sabe administrar sus fondos, una de las acusaciones clásicas con la que le bombardea el primer partido de la oposición.
Moreno cifra en concreto en 1.088 millones la financiación “extra” del Gobierno que recibirá Andalucía por el incremento de las transferencias de financiación, que según sus cálculos se han incrementado el último año en un 6%. Como cree que hay dinero suficiente, receta a la Junta que haba sus “deberes” en parcelas como la sanidad, la educación y política sociales. La campaña se moverá por redes sociales e intentará incluso atraer la complicidad de Ciudadanos, algo que sería a su juicio “una gran noticia”.
El PP propone que de ese montante se destinen 753 millones a políticas sociales, otros 265 millones a sanidad y 70 millones a educación. Esas cantidades “llegarán” pero “la Junta prefiere siempre callar”. No lo ve así ni mucho menos la Consejería de Hacienda, que replicó en un comunicado que los datos son “falsos” porque, por ejemplo, 637 millones no se pueden usar por la regla de gasto.
Más fondos del FLA, aunque sin agotarlo
En pleno debate sobre sus vías de financiación la Junta decidió este martes acogerse de nuevo al Fondo de Liquidez Autonómica, el mecanismo estatal que concede préstamos a las comunidades y contra el que clama la Junta por los intereses que genera. Se han solicitado 907 millones, menos de los 1.016 a que tenía derecho. La Junta alardea de que no lo agota porque el Banco Europeo de Inversiones ya le presta a más bajo interés.
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