Botella medio llena o medio vacía para la Junta de Andalucía tras el duro revés que cosechó el viernes por su decisión unilateral de restituir en enero la jornada laboral de 35 horas a sus empleados. Sobre ese movimiento pesaba la amenaza de un recurso ante el Tribunal Constitucional por parte del Gobierno central que se concretó en forma de anuncio en el Consejo de Ministros del pasado viernes. Este lunes hubo sin embargo un mínimo movimiento en Madrid al que Ejecutivo de Susana Díaz se aferra como tabla salvadora para capear el temporal.
Fue el secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, quien tras la reunión que mantuvo en Madrid con representantes autonómicos en el marco de la comisión de seguimiento de la Conferencia de Presidentes anunció que la posibilidad de que los empleados públicos de toda España recuperen las 35 horas que perdieron en 2012 comenzará a estudiarse en 2018 para ver “dónde se puede aplicar y dónde no”.
El representante del Gobierno central daba también por sentado, literalmente, que no habrá retirada del recurso ante el TC contra la Junta porque está obligada a cumplir la ley como el resto de comunidades y la reforma será sólo “a futuro”. La puntualización fue encauzada sin embargo a las pocas horas por la consejera andaluza, María Jesús Montero, como una pírrica victoria parcial. A su juicio, es una buena noticia porque “permitirá al Gobierno andaluz continuar con su hoja de ruta”. Traducido, la Junta seguiría adelante con sus planes porque el recurso debe aún presentarse de forma oficial y el TC tardará, como de costumbre, su tiempo en pronunciarse.
Si finalmente se estudiara la supresión para 2018 “no tendría sentido”, intuye ahora Montero, que el Gobierno de Rajoy abra otra guerra con la Junta solicitando la suspensión cautelar, una llave que le concede la ley y que obligaría a Díaz a dar marcha atrás ya a lo aprobado a finales de 2016.
“No tendría sentido” y “resultaría poco lógico”, se auguró ayer desde la Consejería de Hacienda, que el Gobierno central activase ese mecanismo que elevaría automáticamente de nuevo de 35 a 37,5 horas la semana laboral para volver a rebajarla de nuevo en apenas meses cuando toque votar en el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado de 2018. Eso es lo que interpreta Montero, que donde el secretario de Estado habla simplemente de “estudiar” intuye ya hechos casi consumados.
Alerta sindical
Susana Díaz hizo un guiño a los sindicatos a finales de 2016 cuando les anunció, con foto oficial incluida, que estaba dispuesta a rebajar a sus funcionarios la jornada semanal aun a riesgo de que Mariano Rajoy promoviese el recurso con el que finalmente ha sido replicada. Una de las organizaciones que aparecieron en aquella instantánea, Comisiones Obreras, se alineó este lunes con la Junta porque dice temer por el futuro de miles de empleos públicos. La Federación de Enseñanza del sindicato lanza la voz de alarma porque sus cálculos indican que ese sector podría ser el más perjudicado si finalmente las 35 horas escalan de nuevo hasta 37,5, como decretó el Gobierno central en 2012.
Las cuentas son claras. Si los docentes vuelven a ver incrementadas sus horas lectivas no hará falta contratar a tantos como prevé la Consejería de Educación. La aplicación del recurso y la suspensión del decreto ley paralizaría según CCOO la creación de 5.000 plazas de profesorado y otras mil en servicios administrativos. El Gobierno central tiene ahora la palabra.
Otra bronca con las becas
Nuevo curso, mismo conflicto. La Consejería de Educación ha reclamado al Ministerio que le transfiera en torno a 2,5 millones de euros para poder ingresar a 2.100 alumnos sus becas, tanto de la convocatoria general como de educación especial. La Junta denuncia que el retraso acumula ya varias semanas en lo que es una reedición de la bronca de 2016, cuando los dos gobiernos se culparon de errores administrativos.
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