El Tribunal Constitucional ha sido contundente. La amnistía fiscal aprobada por el Gobierno en 2012 ha sido declarada nula por el alto tribunal, al incumplirse el artículo 86.1, que establece las materias vedadas a dicho instrumento legislativo. Algo que no es legítimo cuando hablamos de una medida que afecta al sistema tributario de todos y cada uno de los españoles. Porque la amnistía fiscal no sólo tuvo impacto en quienes se beneficiaron de ella.
Más allá de estas personas que aprovecharon la indulgencia del Gobierno y del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para regularizar su situación fiscal sin ningún tipo de penalización y pagando por ello a un tipo impositivo medio del 3% -aunque se dijo que sería del 10%, finalmente se relajaron las condiciones-, la amnistía nos toca a todos y cada uno de los contribuyentes. ¿Por qué? Porque quiebra los principios de capacidad económica, igualdad y progresividad del sistema tributario que establece el artículo 31.1 de la Constitución, es decir, rompe con la premisa de que cada uno debe contribuir en la medida de sus posibilidades e ingresos.
Porque al final, una amnistía de este tipo pervierte de alguna forma el sistema tributario al permitir que los que no cumplen con su obligación y ocultan sus bienes al Fisco puedan ponerse al día con Hacienda sin ningún tipo de castigo. Algo que, como vemos los técnicos diariamente, es un agravio comparativo con los ciudadanos de a pie, esos que intentan cumplir con todas y cada una de sus obligaciones fiscales y a los que no se les perdona un fallo.
Por eso, es imprescindible blindar el sistema tributario español de nuevas medidas de este tipo que ahonden en la desigualdad que, de hecho, tiene ya. Y la única manera para ello es que ese mismo artículo 31.1 de la Constitución incluya la prohibición de aprobar nuevas amnistías fiscales, sean del tipo que sean, petición que desde Gestha ya hemos elevado.
Además, la sentencia del Constitucional ha dejado una figura muy tocada, la del ministro de Hacienda. Cristóbal Montoro se encuentra en su posición más débil desde que asumió el cargo en diciembre de 2011, pues la decisión del alto tribunal le afecta especialmente a él, como artífice de una norma que supuso un menoscabo para el sistema tributario y el resto de los ciudadanos.
Por ello, los Técnicos también pedimos su dimisión, ya que su continuidad al frente de Hacienda no es admisible y en cualquier otro país, ya habría abandonado el cargo. La reprobación que esta semana le hicieron los grupos parlamentarios no es suficiente para depurar responsabilidades por algo tan grave como la anulación de la amnistía.
Para Montoro no cabe otra opción que la dimisión. Si bien mientras eso sucede, desde Gestha solicitamos al gobierno que impida al ministro de Hacienda proponer cualquier medida para su aprobación por decreto ley, pues ya se ha demostrado que el sistema tributario está en riesgo si así sucede. Montoro debería acudir al Parlamento y explicar lo que quiere llevar a cabo a partir de ahora, para que así el resto de fuerzas políticas puedan ponerle freno si se excede, algo que no pudieron hacer con la ahora nula amnistía.
Porque en estas decisiones que se dan a golpe de decreto ley está en juego el futuro de todos los españoles, ya que tocan a los recursos con los que se nutre el estado de bienestar, el cual se ha visto muy mermado durante la época de recortes. Recortes que podrían haber sido menos si todos aquellos que no cumplen con su obligación fiscal lo hicieran.
España no necesita más amnistías fiscales que den un salvoconducto a los que se esconden del Fisco; España necesita un gobierno que luche contra el fraude fiscal con uñas y dientes. Porque esa es la verdadera forma de defender el país y a todos sus ciudadanos, velando por que el sistema tributario no sea vulnerado desde ningún frente.
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