El gobierno del socialista Juan Espadas mantendrá un encuentro este jueves con el resto de grupos con representación en el Ayuntamiento de Sevilla para abordar la propuesta de modificación del Reglamento Orgánico del Funcionamiento del Pleno hispalense, que incluye las aportaciones de todas las formaciones y que ya ha sido supervisado y evaluado por los servicios jurídicos del Consistorio.
Según el documento recogido por Europa Press, pendiente de ser abordado con los grupos políticos antes de su remisión al Pleno, entre las principales modificaciones incorporadas se encuentra el refuerzo de las comisiones informativas, que serán públicas, mientras que se desarrollará una comisión de control al gobierno una vez al mes, reforzando la Comisión de Ruegos y Preguntas.
Además, cada portavoz realizará una pregunta al alcalde en el Pleno, como en el Parlamento andaluz, y las Juntas Municipales de Distrito (JMD) tendrán la posibilidad de elevar propuestas para el debate y votación en el Pleno y podrán ser defendidas por la entidad proponente.
Se mantiene el formato de dos mociones por cada grupo, pero una de ellas se debatirá en comisión y se votará en el Pleno, mientras que la otra se debatirá y votará en Pleno. Igualmente, se refuerza el turno ciudadano y la participación de entidades y expertos en las sesiones plenarias, además de garantizarse la difusión y transparencia de las sesiones.
La reforma del reglamento del Pleno, que data de 1992 y ha sido actualizado en 1994 y 1996, arrancó después de que en julio de 2015 se aprobara por unanimidad iniciar los trámites para aprobar una nueva normativa con el objetivo de mejorar los mecanismos de control al gobierno, aumentar la transparencia, favorecer la participación ciudadana, incrementar la descentralización reforzando las JMD y garantizar el derecho a la participación en los asuntos públicos de todos los grupos.
En la elaboración de este reglamento han participado equipos técnicos de los cinco grupos políticos --PSOE, PP, Cs, Participa Sevilla e IU-- y ha sido supervisado y evaluado por los servicios jurídicos del Ayuntamiento. Este proceso se realiza en paralelo a la reforma del reglamento de participación ciudadana.
Con esta modificación, se pretende solucionar su falta de adecuación al marco legal vigente y al Código del Buen Gobierno Local, así como a las posibilidades generadas por las nuevas tecnologías; además de abordar el aumento de grupos políticos y mejorar una organización y sistema de trabajo "obsoleto"
También, se llama la atención sobre la "ausencia" de un modelo adecuado de participación ciudadana; el "distanciamiento" con la ciudadanía; la "desconexión" entre el Pleno y otros órganos de participación, como las JMD, y la "carencia" de un sistema que garantice el derecho al ejercicio del voto por parte de los miembros de la corporación de baja por enfermedad o con permisos de paternidad y maternidad.
En este sentido, se apuesta por aumentar el control por parte de los grupos, incrementar los mecanismos de participación por parte de la ciudadanía, mejorar la transparencia en la gestión del gobierno y de la actividad institucional, profundizar en un modelo de descentralización con mayores competencias para las JMD, así como garantizar y regular el derecho a la participación en los asuntos públicos por parte de todos los grupos que componen la corporación en la elaboración de disposiciones de carácter general.
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