La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) asegura que, en cuanto al pago de la deuda pública del conjunto nacional, los trabajadores de Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y Murcia necesitan destinar aproximadamente un año de trabajo para pagar su parte del conjunto de la deuda pública total, mientras en que Madrid (198 días), País Vasco (205 días) y Navarra (218) se necesita trabajar en torno a 200 días.
En cuanto a los días de trabajo por persona necesarios para pagar la deuda regional, se prevé que en 2017, en promedio, los habitantes de una comunidad autónoma necesitarían destinar 86 días de trabajo para pagar la totalidad de la deuda. En cambio, en País Vasco o Madrid esa cifra ronda los 50 días, mientras que en Cataluña, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana llega a triplicarse.
Por otro lado, la AIReF asegura que todos las administraciones públicas contribuirán a reducir la ratio de deuda sobre el PIB en los próximos cuatro años (2017-2020), pero casi el 50 por ciento de la reducción se deberá a la evolución de las comunidades autónomas.
En concreto, la AIReF estima que la deuda pública, que se situó en el 100,4 por ciento del PIB en el primer trimestre, caerá siete puntos porcentuales hasta 2020, una reducción que, según la institución, es "insuficiente" para alcanzar el valor de referencia del 60 por ciento del PIB establecido en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Por ello, en el Observatorio de Deuda Pública del primer trimestre de 2017 la AIReF prevé que hay un 70 por ciento de probabilidad de acabar con una deuda superior a este umbral del 60 por ciento en 2020 y estima que dicho porcentaje no se alcanzará hasta el año 2037, la misma previsión que hace tres meses.
Por comunidades, las mejor situadas son Canarias, Madrid y País Vasco, que alcanzarán en 2020 un nivel cercano al valor de referencia (el 13% del PIB). Por el contrario, las comunidades que no lograrían llegar al nivel de referencia ni en los próximos 30 años son Cataluña, Murcia, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha. Sólo las corporaciones locales han sido capaz de alcanzar el valor de referencia ya en 2016, cuando registraron una deuda pública del 2,9 por ciento del PIB.
Por último, en referencia a las corporaciones locales, la mayoría de los grandes ayuntamientos planean seguir amortizando deuda en 2017, con parte de los saldos primarios generados, como vienen haciendo desde 2012. Así, el número de ayuntamientos con una población mayor de 250.000 habitantes, con un ratio de deuda sobre ingresos corrientes consolidados superior a 110 por ciento, ha disminuido en los últimos cuatro años de cuatro a solo uno, Zaragoza.
Sin embargo, algunos ayuntamientos como Las Palmas de Gran Canaria, y en menor medida, Barcelona, Valladolid y Zaragoza, prevén un aumento de su deuda respecto a los ingresos corrientes consolidados en 2017.
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