El empresario José Ignacio de Rojas declaró ayer, como testigo, ante la juez de instrucción 6 de Sevilla y confirmó que en enero pasado el ex gerente de Mercasevilla Fernando Mellet y y el ex director adjunto Daniel Ponce pidieron esas cantidades a su empresa como condición para lograr la Escuela de Hostelería del mercado central sevillano.
Según informaron a Efe fuentes del caso, de Rojas dijo que cuando él mismo y su compañero de La Raza Pedro Sánchez Cuerda se negaron a efectuar el pago, Mellet "se lo planteó como una donación para que lo puedan desgravar fiscalmente".
Añadió que Mellet les dijo que "de esta manera el marrón se lo trasladaban a ellos, como si en realidad les estuvieran haciendo un favor".
De Rojas explicó que Sánchez Cuerda mantuvo una primera reunión con los imputados el 16 de enero pasado, tras lo cual le informó de que le habían pedido 300.000 euros "porque así se lo exigía la Junta de Andalucía" y que el pago debían hacerlo "con un maletín que dejarían en un despacho".
A la vista de tal propuesta, este testigo se lo comentó a un conocido suyo, director general en la Junta, quien le dijo que "tengan cuidado, que les quieren robar" y le aconsejó grabar una segunda entrevista para tener pruebas.
300.000 euros como colaboración, impuesto o donación
En el segundo encuentro, los interlocutores de Mercasevilla les confirmaron que debían pagar los 150.000 euros de acometida de la luz en las futuras instalaciones de la Escuela de Hostelería y otros 300.000 euros "de colaboración, impuesto o donación".
De Rojas y Sánchez Cuerda "se negaron en todo momento" e incluso recriminaron a Mellet y Ponce no haberles hecho tal petición en los dos años que llevaban negociando, por lo que al final los responsables de Mercasevilla "les llegaron a ofrecer el aplazamiento del pago e incluso les llegaron a reducir la cantidad".
Según el empresario, los responsables de Mercasevilla les dijeron que tenían contacto con los concejales Alfonso Mir y Antonio Rodrigo Torrijos, con Enrique Castaño, vinculado al grupo socialista municipal, y con el vicepresidente de la agrupación de empresas municipales, Manuel Marchena, y que "iban a conseguir a través de ellos que todos los cáterings de empresas públicas se las dieran al Grupo La Raza".
Este testigo, por otra parte, afirmó en varios momentos de su declaración que el delegado provincial de Empleo de la Junta, Antonio Rivas, también imputado, no citó "en ningún momento el pago de ninguna comisión" durante las reuniones que mantuvieron con él para preparar la Escuela de Hostelería.
También aseguró que nunca tuvo conversaciones con Rivas "que le hicieran sospechar que era conocedor de todo lo que estaba ocurriendo".
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