La titular de Economía y Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, subía ayer a la tribuna parlamentaria para explicar porqué Andalucía apoyará el nuevo modelo de financiación pero no consiguió mover ni un ápice las posturas ya manifestadas por la oposición, que insistía en criticar la sumisión del Gobierno andaluz a lo largo de la negociación y le pedía que votara en contra en el CPFF, a pesar de que la consejera insistía en la acertada estrategia que han mantenido “pues sabíamos que el criterio de la población se respetaría” y la región siempre sería la que más ganaría.
En cifras, Martínez Aguayo concretó que con el nuevo sistema, con una vigencia de cuatro años (2009-2012) y revisable cada ejercicio, Andalucía percibirá 3.133 millones, de los que 1.795 millones se corresponden con asignaciones de los fondos adicionales, 390 a los ingresos tributarios y los 948 restantes a las competencias propias de esta región, entre ellas los metros de Sevilla y Granada, y el traspaso del Guadalquivir.
Según explicaba, con el reconocimiento de la población como criterio básico, más las ponderaciones de la población en edad escolar en Educación y de los menores de cuatro años en Sanidad, “se cumplen las aspiraciones” andaluzas, a las que unía la garantía de la suficiencia financiera, de la corresponsabilidad fiscal y el aumento de la capacidad normativa, ya que el Gobierno autonómico calcula que Andalucía incrementará en 20 puntos el peso de los recursos tributarios por la cesión de impuestos (50% del IRPF, el 50% del IVA y el 58% de los impuestos especiales).
Apuntaba que el modelo será “más justo” porque tendrán “mayor peso” las variables de la financiación de los servicios públicos fundamentales (del 18,46% actual al 18,78%) y Andalucía se situará “ligeramente por encima de la media” en financiación per cápita, mientras permitirá que se reduzca ya en el primer año en diez puntos el diferencial existente entre las comunidades autónomas, argumento que utilizó para defender que algunas como Cataluña, Madrid o Murcia, ganen más “porque antes ganaban menos que la media” a pesar de su población.
Para la Junta es un “ejercicio de coherencia” respaldar la propuesta del Gobierno en el CPFF porque el modelo tiene como base el presentado por Andalucía en 2006 y ha sido la “hoja de ruta” que ha marcado las negociaciones, a pesar de que tanto PP como IU reiteraron ayer que se ha incumplido la multilateralidad que marcan el Estatuto andaluz y las resoluciones del Parlamento, pues sólo ha habido negociación con Cataluña, instando al Gobierno andaluz a que rechace el acuerdo en la reunión del miércoles.
Por parte del PP, su secretario general, Antonio Sanz, era especialmente crítico con el papel de José Antonio Griñán, presidente de la Junta, en las negociaciones, llamándole “palmero” del PSOE y acusándole de maquillar los datos “mezclando churras con merinas” al sumar financiación e inversión.
Luego, subía a la tribuna el presidente del PP-A, Javier Arenas, en un vano intento para que Griñán le secundara y debatiera en el Parlamento. El líder del PP fue claro: “si hay que repartir 11.000 millones, Andalucía, por población, tiene que ser la que más reciba”, cuestionando que el modelo responda al andaluz cuando es “del tripartito catalán”.
Según Arenas, el problema es que existe un "choque de dos modelos", el del andaluz y el Estatuto, y el de Cataluña, en el que ha ganado la "tesis soberanista", apuntando que Griñán ha asistido a las negociaciones como "copiloto de un gran festival de la insolidaridad".
Añadía que la Junta ha preferido decir “virgencita que me quede donde estoy” en lugar de decir no a los agravios que no hubieran permitido ni Escuredo ni Rodríguez de la Borbolla, sentenció.
Por su parte, Pedro Vaquero, de IU, consideró que el modelo es "contrario" a los intereses de Andalucía y que resulta "rechazable" tanto en las formas como en los contenidos porque va a crear una financiación "insolidaria" en un Estado asimétrico. Además, criticó la falta de transparencia y el oscurantismo de las cifras en este proceso ha supuesto "una burla" a los andaluces, puntualizando que no ha sido proceso multilateral sino bilateral entre el Gobierno y Cataluña, con lo que en la realidad se están "conculcando" los principios del Estatuto.
El portavoz socialista, Manuel Gracia, que lamentó que el PP hable de "traición y afrenta" a Andalucía, indicó que el sistema da respuesta a "la falta de matices" a la hora de aplicar el modelo, de forma que era necesario "un trabajo fino" para la ponderación de la población como eje central.
Justificó el apoyo al modelo en que el sistema ha tenido una determinada evolución que al no haber mecanismos "dinámicos" para acometer la actualización de la población ha provocado fenómenos de distorsión "graves" que afectan a muchos habitantes.
Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es
