Desde que se impuso en las primarias socialistas, sobre Pedro Sánchez planea la incógnita de si su estrategia política inmediata contempla un acercamiento a Podemos para articular un gran frente de izquierdas que plante cara al PP. El argumento afloró con mayor intensidad cuando aún se dirimía la batalla por Ferraz y la propia Susana Díaz llegó a proclamar frente al atril en más de un mitin aquello que ya había deslizado tantas veces en el Parlamento de Andalucía: al PSOE nadie le aplicará la receta de la absorción con la que Podemos estaría tratando ya de engullir a IU. Ella, que ha convertido a la formación de Pablo Iglesias en uno de sus grandes enemigos al sur de Despeñaperros, no lo habría consentido.
Pero Díaz perdió y ahora le tocará a Sánchez dibujar los posibles cauces de entendimiento con el resto de la izquierda, si es que finalmente los hay. Trasladar eso a Andalucía puede inaugurar otra guerra. Podemos aprovechó la pasada semana el nuevo escenario de debilidad de la presidenta andaluza para anunciarle que la van a poner a prueba. Esperanza Gómez, portavoz adjunta de la formación morada, anunció que de aquí al verano presentarán iniciativas en el Parlamento con las que su grupo pretende comprobar “si hay voluntad y un cambio de actitud” en la presidenta tras su “batacazo” del 21 de mayo. De momento, PSOE y Podemos se dan la espalda en Andalucía y todos los puentes están dinamitados entre ellos. La afinidad entre Teresa Rodríguez y Susana Díaz es nula y cada 15 días se dedican ásperos epítetos en los plenos. La presidenta tacha sin disimulo a Podemos de “oposición inútil” y le afea aún que fuera cómplice de los 81 días de bloqueo que precedieron a su investidura. Todo es un campo de minas.
Los precedentes no son muy halagüeños. Por mucho que Podemos rete al PSOE a retratarse en Andalucía votando sus próximas iniciativas volverá a caer sobre ellos el arsenal que Díaz moviliza para maniatarles. De un lado el Consejo de Gobierno de la Junta, que de forma sistemática emite criterios desfavorables a la toma en consideración de las proposiciones de ley que ha planteado la formación de Teresa Rodríguez con mil excusas: no estar debidamente justificadas, colisionar con normas ya en vigor o chocar con las que redacta ahora el Ejecutivo. En teoría esa posición no bloquea que un proyecto llegue al Parlamento y se debata, pero activa el segundo muro: en la práctica lo hiere de muerte y marca al Grupo Socialista el camino para que le cierre el paso con sus votos. E incluso a Cs, que suele ejercer como aliado.
Un carrusel de noes
Dicho y hecho, salvo en contadísimas excepciones los intentos de Podemos de colar alguna de sus leyes mueren en el intento. Desde que arrancó la legislatura el Consejo de Gobierno ha rechazado por ejemplo hasta en tres ocasiones el intento de aprobar una Ley de Cuentas Claras y Abiertas en la Administración. En otras tres ha dicho no a las que se intentaba garantizar una cobertura mínima ciudadana en situaciones de pobreza energética o habitacional, crear una oficina contra el fraude, la modificación de las leyes de función pública y educativa y el reconocimiento del 4 de diciembre como día de la lucha por la autonomía. La mayoría socialista y de Cs las tumbaría luego en el Parlamento.
Mención aparte merece la proposición de ley de Atención Temprana, que ha recabado dos votos desfavorables del Consejo de Gobierno. Podemos estuvo a punto de anotarse su primera victoria legislativa en 2016, pero Cs viró a última hora y le negó su apoyo. Aquello aún escuece.
El primer éxito y una agria polémica
Podemos se anotó en abril su primer gran éxito cuando el Parlamento respaldó su proposición de ley para regular los senderos en Andalucía. El PSOE la vio inofensiva y la dejó pasar. La otra alegría fue el aval al trámite de la ley del colectivo LGTBI aunque con polémica: el PSOE replicó con una propuesta parecida y además se insinuó que Podemos pretendía “hormonar niños sin el visto bueno de los padres”.
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