La Junta de Andalucía se toma con calma la recuperación de las partidas vinculadas a los dos grandes escándalos que han sacudido sus cimientos en la última década. El propio consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, no fue capaz de precisar hace poco más de una semana cuál era la cantidad exacta que podrá recuperar la Administración autonómica de uno de los casos aún abierto y judicializado, el de las supuestas irregularidades cometidas en la gestión de los cursos de formación pagados con fondos públicos. Acusado por la oposición de ningunear su obligación de actualizar esos datos cada dos meses, el consejero los refrescó este jueves en ambos frentes. Y esas cantidades son aún exiguas.
Del balance presentado en comisión parlamentaria se desprende que la Junta ha logrado reingresar hasta ahora 12 millones de aquellas cantidades que en primera instancia se calcularon en dígitos milmillonarios. De ellos, 8,7 millones corresponden a las partidas de la formación para el empleo y otros 3,3 millones a reintegros de las ayudas que recibieron empresas y entidades con cargo a la tristemente conocida partida 31L, el fondo de reptiles que sirvió para sufragar las ayudas sociolaborales transformadas luego en los expedientes de regulación de empleo irregulares. Sólo en el caso de la formación la instrucción de la causa llegó a apuntar hacia un fraude de 3.000 millones, rebajado luego a algo menos de 900, mientras que en el de los ERE escaló también a casi 2.000.
Pese al aluvión de críticas recibido de la oposición el consejero se aferró al “rigor y la transparencia” con los que la Junta está operando en la “ardua y titánica” tarea de revisar miles de expedientes y reingresar lo que en su día concedió y los receptores dedicaron a usos fraudulentos.
Sólo en el caso de los ERE se han abierto 227 procesos de revisión de oficio por importe total de 128,8 millones de euros con incidencias administrativas. De ahí se ha recuperado de momento esos 3,3 millones, apenas un 2,5%. Salvados los escollos administrativos, la Junta contempla que podría rescatar 96,1 millones vinculados a 182 expedientes. El resto se pierde en una maraña de declaraciones de no reintegrables, sentencias del TSJA favorables a los beneficiarios de las ayudas o incluso expedientes ya caducados y que han tenido que ser reactivados, lo que retardará aún más la solución final. También hay 18 expedientes valorados en 35,5 millones sobre los que el Consejo Consultivo dictaminó que la revisión no era no procedente. En las ayudas sociolaborales se reclaman 6,5 millones.
Tras escuchar un chaparrón de críticas Sánchez Maldonado pasó a la ofensiva con el argumento que enarbola desde hace meses: la Justicia está desbaratando con sus archivos de piezas la supuesta trama que habría orquestado el PP en torno al fraude de la formación. A primer grupo de la oposición le culpa de “jugar a la distorsión, la intoxicación y la deformación” para “desprestigiar al Gobierno”. Y recordó que desde que llegó al cargo ha respondido hasta en 85 ocasiones en comisión a las preguntas de ese grupo.
“Se lo están llevando calentito”
Sánchez Maldonado no acepta que se acuse de fraude a la Junta, como insistió este jueves la diputada del PP Ruiz Sillero. Quien lo hace, a su juicio, es el partido de Rajoy, que “se lo está llevando calentito en Madrid”. La parlamentaria le exigió sin éxito que rectificase.
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