Cuando un andaluz descuelga el teléfono y marca el 061, el 112 o el número de Salud Responde, el servicio de información y cita previa de la Consejería de Salud, quien le atiende al otro lado no es un empleado público. Ni funcionario, ni interino ni nada que se le asemeje. Es un trabajador contratado por una de las empresas a las que la Junta de Andalucía adjudica suculentos contratos millonarios desde hace dos décadas y media. El servicio está externalizado, como otra infinidad en la gigantesca y laberíntica estructura de la Administración regional, lo que implica que las empresas reciben las cantidades pactadas en las licitaciones y corren con todos los gastos, incluido el de personal.
El problema aflora cuando las condiciones laborales son zarandeadas, algo que los sindicatos denuncian desde hace ya dos largos años en el caso de los teleoperadores que atienden los números de emergencias de la Junta y el de información de Salud. Eso fue lo que los representantes del sindicato CGT colocaron este miércoles sobre la mesa de los asesores del Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, la última puerta a la que han llamado en busca de apoyo tras no oír respuestas en el resto. En esa reunión lograron arrancar el compromiso de fijar un calendario de reuniones y una “hoja” de ruta para combatir el efecto de lo que los trabajadores consideran sin disimulo “lacra de contratas y subcontratas”.
El conflicto no es nuevo. Se remonta a 2015, cuando los empleados de las empresas que se adjudicaron la gestión de la atención telefónica comenzaron a amontonar quejas, denuncias y resoluciones desfavorables de los servicios laborales de Inspección. Miguel Montenegro, secretario general de CGT Andalucía, relataba ayer a este medio las “barbaridades” a las que a su juicio someten las compañías a su personal. Habla de expedientes del Ministerio de Trabajo con actas de infracción por mantener en plantilla del 061 trabajadores no dados de alta en la Seguridad Social, sentencias de vulneración de derechos fundamentales, sanciones por contratar personal eventual durante una huelga (algo prohibido expresamente por la legislación laboral) o el incumplimiento de convertir en indefinida al 50% de la plantilla en Granada.
También recuerda sanciones por no atender la obligación de conservar el edificio del 112 en Sevilla. Y en el plano estrictamente laboral, jornadas interminables de más de 12 horas, descansos escasos y sueldos raquíticos. “Esos servicios telefónicos se prestan 24 horas al día durante 365 días al año. Los sueldos están asimilados al convenio de telemarketing, precarios y en unas condiciones lamentables. Una emergencia no tiene nada que ver con la televenta. Los trabajadores están ahí para salvar vidas, no para vender productos”, denuncia Montenegro.
El Parlamento, olvidado
La plantilla, con más de mil efectivos repartidos por las ocho provincias, inició las movilizaciones hace ya dos años. El pasado mes de diciembre la última medida de presión les llevó a la huelga. Reclaman mejoras laborales y que el servicio lo rescate la Junta para convertirlo en público. “La Junta escurre el bulto. Debería obligar a estas empresas a cumplir los pliegos, pero no sólo no lo hace sino que les siguen adjudicando contratos con especulaciones abusivas y beneficios a veces del 200% sobre los costes”, censura CGT. El Gobierno de Díaz hace oídos sordos a tres proposiciones no de ley, todas con el voto en contra del PSOE, aprobadas por el Parlamento y que recogen esas reivindicaciones.
La paradoja de las cláusulas sociales
La Junta presume de que en los contratos que firma con empresas privadas blinda el respeto a las condiciones laborales del personal. Son las cláusulas sociales, en las que no hay término medio: el PSOE presume de que las impulsa y la oposición censura que no se cumplen. Sobre la posibilidad de que el personal pase a ser público, Susana Díaz enfrió las expectativas hace meses alegando que eso sólo podría ser por vía de oposiciones.
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