La Fiscalía Especializada Anticorrupción que investiga el caso Odebrecht en Panamá informó hoy de que ha embargado más de 13 millones de dólares en cuentas bancarias.
Del total, 10 millones de dólares están "a nombre de una empresa constructora brasileña"; 485.212 y 10.766 dólares en dos cuentas de un gerente de esa empresa que no fue identificado y 3,2 millones de dólares en una cuenta "de valores fija", indicó el Ministerio Público en un comunicado, en el que no dio detalles de los fondos.
La Fiscalía Especializada Anticorrupción, creada para manejar los casos y denuncias contra Odebrecht tras destaparse el escándalo del pago de sobornos, dio esta información tras conocerse hoy la delación de la publicista brasileña Mónica Moura.
Moura dijo a la Justicia brasileña que la constructora, por un acuerdo con el entonces presidente panameño, Ricardo Martinelli, financió ilegalmente con 16 millones de dólares la derrotada campaña del candidato José Domingo Arias en las elecciones de 2014, en las que resultó victorioso el actual mandatario, Juan Carlos Varela.
Las delaciones de Moura y su esposo, el también publicista Joao Santana, fueron divulgadas hoy después de que el juez instructor en la Corte Suprema del caso de las corruptelas en la petrolera estatal Petrobras levantara el sigilo de los testimonios.
La Fiscalía que lleva el asunto en Panamá indicó que en una de sus investigaciones maneja estas denuncias, que vinculan a un partido político de su país: Cambio Democrático, del expresidente Martinelli.
En Panamá la investigación se inició tras la denuncia del excontralor Alvin Weeden en septiembre de 2015 sobre sociedades panameñas que fueron utilizadas para transferencias de dinero vinculadas al escándalo Lava Jato, recordó la Fiscalía.
Posteriormente, en febrero de 2016, el abogado y exembajador de Panamá en la OEA Guillermo Cochez presentó una denuncia en la que advirtió de que Santana, que había trabajado en la campaña electoral de 2014 en Panamá, estaba siendo investigado en Brasil.
El Ministerio Público (MP) indicó que por esta investigación ha llamado en lo que va de año a ocho personas a prestar declaración por supuestos delitos contra el orden económico y contra la administración pública.
Además ha pedido cinco asistencias legales internacionales a Brasil, de las cuales tres son sobre personas de ese país y una para conocer si existe investigación penal contra 35 sociedades.
Una de las solicitudes, del 12 de abril pasado, busca obtener copia de audio, vídeo y transcripción de las declaraciones juradas rendidas ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil por dos ciudadanos brasileños, que el MP panameño no identifica pero podrían ser Moura y Santana, ya que ambos declararon al ente electoral.
Moura y su esposo, responsables de las campañas ganadoras del Partido de los Trabajadores (PT) en 2006 (con Luiz Inácio Lula como candidato a la presidencia de Brasil), 2010 y 2014 (con Dilma Rousseff), alcanzaron un acuerdo para colaborar con la Justicia a cambio de reducciones en sus condenas.
Según los denunciantes, la mayor parte de los recursos para la campaña electoral que José Domingo Arias perdió en Panamá fueron pagados ilegalmente por Odebrecht con recursos no declarados y depósitos en el exterior.
Moura aseguró que sus trabajos como publicistas en Panamá fueron intermediados por el director general de Odebrecht en ese país, André Rabello, quien los contactó pidiendo ayuda para el candidato defendido por Martinelli.
La Fiscalía panameña tiene abiertas seis investigaciones en torno a Odebrecht con al menos 17 imputados, entre ellos los hijos del expresidente Martinelli, Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, que están en busca y captura.
En la trama de los sobornos, el MP acusa a ambos hermanos de haber recibido al menos 22 millones de dólares de la constructora brasileña. Hasta ahora se les ha embargado dos cuentas bancarias en Suiza, un apartamento de lujo en España y un helicóptero en México.
La dimensión internacional del escándalo de las coimas o sobornos se conoció a finales de 2016 cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que la multinacional admitió haber pagado 788 millones de dólares en sobornos en doce países de Latinoamérica y África, 59 millones de ellos en Panamá durante el Gobierno de Martinelli (2009-2014).
La constructora brasileña es la principal contratista del Estado panameño y desde que llegó a Panamá en 2007 ha ejecutado proyectos de que superan los 9.000 millones de dólares.
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