Más de la mitad de los andaluces se muestra "favorable" a que los extranjeros residentes en España puedan votar en las elecciones, según se desprende del documento de trabajo 'Seguridad, inmigración e integración. La tríada posible', publicado por el Centro de Estudios Andaluces.
Este estudio, elaborado por los profesores Magdalena Martín y Rafael Durán de la Universidad de Málaga, se centra en la dimensión política de la integración y, en particular, en la viabilidad de la extensión del derecho de voto a los inmigrantes. Además, estos aspectos pueden encontrarse más ampliamente tratados en el libro 'La integración política de los inmigrantes. La vía del sufragio', (Comares, Granada, 2008).
Los autores revelan en su análisis que las posibles reformas de la legislación electoral "no serían costosas" para el gobierno nacional en términos electorales, debido a la actitud positiva de los españoles, informó el Centro de Estudios Andaluces en una nota.
Así, el Barómetro del CIS de 2005 evidencia las siguientes respuestas: respecto al derecho a votar en las elecciones municipales, el 61 por ciento de los españoles y el 57 por ciento de los andaluces se muestran favorables; así como en el voto en las generales con un 53 por ciento y un 54 por ciento, respectivamente.
Otras cuestiones como la obtención de la nacionalidad cuando se cumple un periodo de residencia o el derecho de afiliación a partidos políticos y sindicatos, también cuenta con el respaldo mayoritario de la población, según este documento.
Por otro lado, este estudio recuerda que, en la actualidad, el marco legal de derecho de voto de los extranjeros en España, sin contar a los nacionales de los 26 estados miembros de la UE, tiene dos límites constitucionales. De una parte, la exigencia de reciprocidad por la vía de la ley o tratado con otros países que sólo se ha aplicado en el caso de Noruega y, de la otra, su aplicabilidad exclusivamente en los comicios municipales.
Ante esta cuestión, el equipo de gobierno ha creado un grupo de expertos encargados de reflexionar sobre las necesarias reformas de la legislación electoral. Sus conclusiones serán analizadas posteriormente en una subcomisión parlamentaria que tratará de buscar el consenso entre el resto de partidos políticos, empresa que no parece fácil ya que existen diversos posicionamientos.
Además, este documento incluye también los datos del 'Índice de Políticas de Integración de Inmigrantes', cofinanciado por la Comisión Europea, que refleja que España supera la media europea de integración y, en décima posición, se sitúa por encima de países como Francia, Luxemburgo o Alemania.
Pierde posiciones, en cambio, al analizar separadamente la integración política. Frente a una media de los Estados miembros de la UE-15 de 60 puntos, España obtiene una puntuación de 50, lo que la sitúa en decimocuarto lugar. Se trata, junto con el acceso a la nacionalidad y las políticas contra el racismo y la xenofobia, de los aspectos más débiles de la política de integración del país.
En concreto, el informe europeo destaca como uno de los aspectos peor valorados que, de los residentes extracomunitarios, sólo los noruegos puedan participar en las elecciones municipales. Esto es: con datos de 1 de enero de 2007, más de 2,7 millones de residentes en España (desatendida la edad) carecieron del derecho democrático a elegir a sus representantes políticos más próximos en los comicios que se celebraron ese mismo año.
Si pensamos en las elecciones autonómicas o en las generales, la cifra roza los 4,5 millones de personas. Con datos de 1 de enero de 2008, los dígitos ascienden a 3,1 millones y 5,2 millones, respectivamente.
El documento reflexiona, igualmente, sobre los vínculos entre inmigración y seguridad, poniendo de relieve la "ineficacia" de las políticas represivas y la necesidad de compatibilizar nuestra seguridad jurídica con la seguridad de los inmigrantes que forman parte de nuestra sociedad.
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