El alcalde de Cádiz, José María González, acudía esta mañana a la comisión informativa donde se darían a conocer los informes sobre las alegaciones presentadas al proceso de municipalización con la idea de dejar sobre la mesa el punto “a la espera de que se resuelvan las dudas”. Con cierta ironía, el alcalde matizó que “es digno de elogio que todos los grupos estén preocupados porque el procedimiento cuente con todas las garantías posibles “. En cuanto a las alegaciones todas han sido desestimadas por el equipo de Gobierno.
Las dudas que quedan sobre la mesa se relacionan con la posibilidad de que se produzca un fraude de ley, cuando “el propio secretario municipal afirma que no existe tal fraude de ley, a la vez que aboga porque se realice el cambio del objeto social de Cádiz 2000 de manera previa o simultánea a la aprobación definitiva del expediente. En relación a la alegación del PP relacionada con los presupuestos generales del estado, “ya tienen un informe jurídico que dicen que primero deberán de aprobarse los presupuestos generales del Estado”.
Este hecho ha provocado que se suspenda el Pleno previsto para el próximo viernes, a expensa de la convocatoria de los consejos de administración y de las juntas generales de Aguas de Cádiz y Cádiz 2000.
El expediente de Cádiz es “lo siguiente a garantista”, según explicó el regidor gaditano, a cuenta de la cantidad de informes que se han realizado y que se han pedido por parte de los grupos de la oposición. Criticó el uso del lenguaje utilizado por los grupos de la oposición para referirse a la actuación. González recalcó que los populares no están de acuerdo con el “modelo de gestión directo”.
El regidor se reafirmó en que el 1 de junio empieza el procedimiento de municipalización. En relación a la recomendación del informe técnico que abogaba por un periodo de prueba para la municipalización, González indicó que “nuestra apuesta por la municipalización es determinante, consideramos que es el modelo de gestión más conveniente. La municipalización es viable jurídicamente, económicamente y de todos los puntos de vista”.
Desde el Gobierno local, el concejal Álvaro de la Fuente, concretó que “todo sigue su curso, no es que se haya parado el proceso, antes debe de seguirse el cauce”.
Desde los grupos de la oposición, el edil del PSOE, Fran González, matizó que esta decisión de dejar el proceso sobre la mesa “nos dan la razón ante las inquietudes que planteamos”. Se ha complementado información de aspectos que “llevamos tiempo discutiéndose”. Los socialistas quieren garantías “y que no se juegue con los servicios y la imagen de la ciudad”. Para los socialistas hay tres cuestiones aún sin explicar: “Si existe o no fraude de ley, cuando Aguas de Cádiz tiene las competencias y es un sinsentido modificar el objeto social de Cádiz 2000. Queremos un informe que despejen las dudas”.
Recuerda la necesidad de un seguro de responsabilidad, así como la puesta en marcha de un cronograma, “tanto de tiempo como en qué momento se hará la prueba de selección del personal”. Fran González también apuntó que es necesario conocer la fórmula de reversión si no se termina con éxito la municipalización.
El grupo municipal del PP saca como balance de la reunión que "no ha habido resultado, se ha dejado sobre la mesa el punto, no entendemos para qué se ha convocado. Lamentablemente se han aportado unos documentos que deberían haber estado antes de la comisión". Se trata, según Ignacio Romaní, de una “chapuza monumental. Van a trompicones, justificando en último momento. No entendemos este sinsentido". Añadió el portavoz del PP que "se le ha dado cuenta al Ministerio de Hacienda, pero no se ha pedido que se informe".
En las alegaciones del PP, se nos ha dado una “larga cambiada. No hay consenso, ni diálogo, quieren sacar el procedimiento a costa de los trabajadores, que se van a ver perjudicados, no van a poder tener convenios colectivos, va a haber pruebas de selección”. En la memoria económica faltan muchos procedimientos, flaquea por todos lados.
Se está produciendo “un presunto fraude de ley”, afirma Romaní, con la nueva actividad de Cádiz 2000 en relación con sus estatutos. “Se está creando una empresa nueva por la puerta de atrás, vulnerando la ley, cambiando y quitando presidente, para poder hacer efectivo ese presunto fraude de ley”. Por eso pide que reflexionen sobre el proyecto.
Por su parte, desde Ciudadanos, Juan Manuel Pérez Dorao, manifestó que “hasta que no se modifiquen los estatutos de las dos sociedades y se verifiquen, no se va a poder seguir adelante con el procedimiento. Una de ellas ya tiene el acuerdo del consejo, pero la otra no”. En cuanto a la contestación de las alegaciones, “han sido formalmente contestadas, pero no despejan las incertidumbres planteadas. Seguimos en las mismas condiciones”. Sabemos que el servicio no se va a prestar con mejores resultados y en cuanto al coste del servicio, seguimos en la incertidumbre si internacionalizado va a ser más caro que externalizado. Hay aspectos, como la indemnización a los trabajadores, o el coste salarial del servicio de limpieza de la arena”.
Tampoco se ha resuelto la posibilidad de que se esté incurriendo en fraude de ley al residenciar el servicio en Cádiz 2000, “cambiando su objeto social, de forma grosera”. Es posible, según Pérez Dorao, formalmente, pero el fraude de ley se produce cuando formalmente hay una apariencia y sustancialmente hay algo distinto. Se iba a preguntar al Ministerio de Hacienda, pero los técnicos han dicho que no es necesario. Considera que “al ritmo de este equipo de Gobierno no estará el día 1”.
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