La escalada de desencuentros entre el Gobierno de Susana Díaz y el central que abandera Mariano Rajoy está deparando, al menos hasta ahora, más titulares de prensa que resultados a la Junta. La estrategia de la confrontación con la que el Ejecutivo andaluz dedica reproches hacia Madrid casi a diario y denuncia supuestos agravios no le ha proporcionado en los últimos meses más beneficio palpable que el de ver reforzado el argumentario oficial de que el PP “castiga” a los andaluces con sus políticas.
El mensaje en el que coinciden el Gobierno regional y los portavoces del PSOE arreció poco después de que la abstención de los socialistas elevara hasta la presidencia a Rajoy y se ha disparado aún más desde que Susana Díaz confirmara por fin sus aspiraciones de hacerse con el timón de Ferraz. En ese tramo hacia las primarias del 21 de mayo y el Congreso Federal de mediados de junio la candidata andaluza necesita sacudirse la acusación que le llueve desde el flanco de Pedro Sánchez y que la coloca ante la militancia como inspiradora del desbloqueo de la investidura que aupó al gran enemigo político. La Junta niega la mayor y sólo ve “ataques deliberados” contra la comunidad, tratando de aislar todas sus airadas protestas del futuro de su lideresa.
La Junta de Andalucía no ha obtenido respuesta, por ejemplo, al gran órdago que lanzó al Gobierno central con la gestión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, una auténtica pesadilla por los ataques que le brinda el Partido Popular, la presión continua de Cs para que lo rebaje y una constante protesta ciudadana que acusa a la Administración autonómica de voracidad por superar con creces el gravamen que se aplica en otras comunidades autónomas, incluso en las del PSOE. El Ejecutivo de Díaz se plantó y animó por carta a Cristóbal Montoro a “recuperar” la gestión del impuesto, pero el ministro de Hacienda se hace el sordo desde el 14 de marzo.
El pasado 18 de abril, hace poco más de dos semanas, el Consejo de Gobierno volvió a elevar el tono y reclamó una reunión urgente a la ministra de Empleo, Fátima Báñez, como protesta por el “doble castigo” de negarle un plan especial que combata el desempleo en Andalucía y, además, recortarle las partidas ya existentes. Ese “atropello” contra el que clama la Junta fue replicado con contundencia desde Madrid y con un tono de reproche que enlaza con el escándalo de los cursos de formación. El departamento de la ministra onubense recomendó a Susana Díaz que no deje fondos sin invertir, los mismos que tuvo que paralizar durante cinco años hasta reordenar el sistema vapuleado por las acusaciones de corrupción, en lugar de solicitar un programa que el consejero del ramo, Sánchez Maldonado, calcula en 157 millones. La reunión de finales de abril entre ambas partes abre luz al final del túnel, pero de momento no hay concreción.
Cuentas de la discordia
El ingrediente fatal en la batalla eterna lo añadió el desglose de las inversiones contempladas en los Presupuestos Generales del Estado. La Junta se siente “perseguida” y “agravada” por la caída de la partida en Andalucía en un 36% e incluso ha llegado a amenazar con llevar la denuncia ante el Tribunal Constitucional, algo en lo que la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró hace semanas que trabajan los letrados. Pero nunca más se supo. El Ejecutivo de Díaz cree que se incumple el Estatuto por el desfase con el peso de la población andaluza y esa tesis renace cada vez que salen a relucir las cuentas. Salvo sorpresa, Rajoy las sacará adelante sin cambios.
Las 35 horas, victoria parcial
La Junta sí que puede presumir de haber ganado el pulso al Ejecutivo central en un contencioso laboral, el de la recuperación de las 35 horas semanales de los funcionarios. Comenzó a aplicarse en enero pese al riesgo de veto ante el TC, un arma que el Gobierno central había utilizado con otras comunidades. Montoro prefirió entonces rebajar el tono e incluso desconvocó sin nueva fecha una reunión en la que se iban a limar asperezas.
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