Dos árboles han sido abatidos en la ciudad. ¡Qué más da! Franco dictó la primera Ley Urbanística Nacional. Ahora cada Autonomía tiene la suya. A su amparo se redactan los “Planos” con los que se construye la ciudad nueva, se reforma la existente y se protege la “histórica”. La competencia para hacerlos tienen los Arquitectos y los Ingenieros de Caminos pero en la práctica predominan los primeros. Por lo general se limitan a cumplir con lo establecido en la Ley cuyo principal objetivo, por ejemplo en Andalucía, es “la regulación de la actividad urbanística y el régimen de utilización del suelo, incluidos el subsuelo y el vuelo”. Dicha actividad está relacionada con los objetos, con los contenedores, con la dimensión física y con la regulación del lucro en la ciudad. Más con las empresas que con los ciudadanos. Nada con la belleza ni con la salud emocional.
¿Basta un “Plano” Especial de Protección” para garantizar la presencia de residentes en el Centro Histórico, evitar la conversión: a) de las plantas altas de los edificios de la calles (Sierpes, Tetuán) en un gran almacén, b) de la mayor parte de los edificios protegidos en Hoteles, mini museos, y c) en un gran número de cascarones vacíos camino a la ruina?
Basta pasear y observar.
La realidad demuestra la insuficiencia del Plan para defender la belleza de la ciudad. Mejor dicho, su éxito depende de la gestión, no entendida como la de una Empresa (ordeno y mando) sino como la interrelación entre los representantes de los ciudadanos (políticos), los ciudadanos (organizados o no) y los técnicos (funcionarios públicos).
Los políticos ejercen el poder en tres ámbitos: nacional, autonómico y local. La Consejería de Cultura, a través de la Comisión Provincial, controla la tramitación administrativa de las propuestas técnicas que se presentan a través del Ayuntamiento en el que tiene delegadas sus competencias sobre la protección activa y la conservación del patrimonio cultural. La Comisión, por lo general no es transparente y otorga discutibles e irreversibles licencias. Son sendos ejemplos: 1) las solicitudes de Adepa no satisfechas; 2) la autorización para la construcción del discutible y descontextualizado edificio de la Calle Santander, próximo a la Casa de la Moneda y la Torre de la Plata.
En estos días los ciudadanos preguntamos: ¿quién autorizó o cómo ha sido posible que se elimine el árbol que sembró Fernán Caballero en la casa donde vivió (calle de su mismo nombre nº 14) que luego fue residencia de García Ramos, imprescindible pintor de Sevilla que también sembró un limonero, según apunta Joaquín Egea?
Los árboles no estaban protegidos, me dice un amigo. Y yo le respondo que el artículo 14 de la Ley del Patrimonio Español, al referirse a un inmueble, remite al artículo 334 del Código Civil, según el cual son parte de aquel: los árboles, las plantas, las estatuas, los relieves, etc.; con mayor razón si se piensa en la trascendencia de los dos ilustres residentes de esta casa que cultivaron respectivamente el magnolio y el limonero presentes en sus obras. Cultura proviene de cultivar.
Este asunto pone en juego una vez más la sensibilidad cívica, al buen gusto y la más elemental responsabilidad de los políticos.
¿Qué hacer?
Lo mismo de siempre: La Comisión de Patrimonio y los políticos deben dar explicaciones concretas y los ciudadanos, exigirlas y cordialmente solicitar (¿imponer?) que no vuelva a suceder otro atentado cívico en el centro de Sevilla.
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