La Consejería de Fomento y Vivienda ha informado que abrió en Cádiz durante el año 2016 un total de 1.673 expedientes sancionadores a vehículos de transporte por carretera dedicados a la distribución de mercancías y al tránsito de viajeros por no cumplir la normativa.
Según ha indicado a Europa Press el delegado territorial de Fomento y Vivienda, Federico Fernández, "a través de estos controles desde la Administración autonómica se garantiza que se cumplen las normas, realizando una labor preventiva encaminada a corregir los incumplimientos y prácticas desleales, lo que acaba redundando en seguridad vial para todos los usuarios de la red de carreteras".
En toda Andalucía, estos procedimientos alcanzaron los 20.022 y entre las sanciones más habituales, según ha señalado la Junta, destacan las relacionadas con el incumplimiento de los tiempos de conducción y descanso, los excesos de carga, el incorrecto uso del tacógrafo, la vulneración de las condiciones del transporte privado complementario o la realización de desplazamientos sin la autorización correspondiente.
A lo largo de ese periodo, la Junta de Andalucía, en colaboración con la Guardia Civil de Tráfico, ha llevado a cabo 34.558 inspecciones en el marco de las campañas de control y vigilancia que se realizan anualmente.
Según ha explicado la Junta, el marco normativo que vela por la prestación de este servicio en condiciones de seguridad vial es la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre, en la que se recogen sanciones económicas que oscilan entre los 100 euros, si las infracciones son leves, y los 4.001 euros, si son muy graves.
De acuerdo con esa escala, 6.412 procedimientos tramitados han sido castigos leves, con multas de entre 100 y 400 euros, mientras que 7.694 expedientes han sido calificados como incumplimientos graves, con penas económicas que varían entre 401 y 1.000 euros, y 5.916 sanciones se han tipificado como muy graves, con penalizaciones de entre 1.001 y 4.001 euros, según ha explicado la Junta.
Estas operaciones de control y vigilancia, además de conllevar multas económicas, también pueden derivar en la inmovilización de vehículos por parte de la Guardia Civil, una medida de carácter preventivo que se adopta en los supuestos más graves con el fin de garantizar la seguridad vial en las carreteras, por ejemplo en el caso de excesos de carga o de tiempos.
Además, según la Junta , también persigue evitar la competencia desleal o el ejercicio de prácticas fraudulentas en el sector del transporte, cuando en las inspecciones que se realizan se detecta la ausencia de tarjetas y permisos pertinentes.
La Junta ha indicado que la labor de vigilancia llevada a cabo por el servicio de inspectores de la Junta de Andalucía, en coordinación con los efectivos de la Guardia Civil y la Policía Local, se realiza durante todo el año a través de inspecciones en carretera, atendiendo a campañas específicas aprobadas en los Planes Coordinados de Inspección del Transporte de Andalucía que, con carácter cuatrimestral, aprueba la Consejería de Fomento y Vivienda.
Paralelamente a estas inspecciones en carretera, cada año la Junta de Andalucía realiza labores de supervisión en empresas de transporte de mercancías y de viajeros para garantizar el cumplimiento de la normativa.
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