Tras meses y meses de tirarse los trastos a la cabeza, la letra pequeña del Comité Ejecutivo Nacional del PP puede anticipar el final de la batalla que los populares y el PSOE, e incluso Ciudadanos en la retaguardia, han mantenido por culpa del polémico Impuesto de Sucesiones. La noticia de que la cúpula de la calle Génova estudia crear una Comisión de Autonomía, Fiscalidad e Impuesto de Sucesiones que estudie la reducción o incluso eliminación total del gravamen que pagan los contribuyentes cuando reciben una herencia rearmó este martes en especial a los socialistas, que no dudaron en proclamar que el tiempo ha acabado por darles la razón. La Junta, torpedeada por el PP por ser la Administración autonómica con el listón más alto en ese impuesto, siempre había mantenido que la capacidad para borrarlo de un plumazo era exclusivamente de Mariano Rajoy.
“Si quiere puede eliminarlo en el próximo Consejo de Ministros”. Ése fue el argumento al que se aferraron tanto el Gobierno de Susana Díaz como el PSOE cuando el PP andaluz lideró una feroz campaña contra el impuesto que le llevó a recoger cientos de miles de firmas en su contra. Este martes el portavoz de Hacienda del PSOE en el Parlamento regional, Jesús María Ruiz, vio reforzadas esas posiciones e incluso se atrevió a exigir al Ejecutivo nacional que “pida perdón” porque su partido “llevaba razón” en esa guerra librada. “Durante cinco años no han querido saber nada de la igualdad tributaria en el conjunto del territorio para engañar a la sociedad acusando a la Junta de algo que le correspondía al Gobierno de España”, sentenció.
Acabe Rajoy o no con el gravamen, la Junta tiene aún en la manga el as de la compensación. Es algo que también ha puesto sobre la mesa el Gobierno andaluz durante todo el contencioso: si finalmente el impuesto se anulase, como ha sugerido siempre Juanma Moreno, el Estado tendría que articular algún mecanismo para entregar por la vía que considere oportuna a las comunidades autónomas las cantidades que dejarían de ingresar. La Junta está dispuesta a descorchar champán si hace falta para celebrar su victoria sobre su gran adversario político, pero no a cambio de ver flaquear una de sus vías de ingresos.
Nuevo capítulo
La guerra política en torno al Impuesto de Sucesiones subió de tono hace poco más de un mes. Fue el 14 de marzo cuando por sorpresa y en una decisión inédita la Junta propuso oficialmente al Gobierno central su devolución. El gravamen es estatal, pero forma parte de la cesta de tributos cuya gestión se cede a las comunidades autónomas para incrementar sus recursos. Susana Díaz dio el golpe ese día en la mesa y retó a Rajoy a recuperar su recaudación. Ya en sus manos, podría rebajarlo hasta el nivel que reclama Juanma Moreno. Era una hábil jugada, pero el Ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro jamás contestó a su oferta. El silencio que le dedicó era también quizás síntoma de indiferencia.
Hay otras fuentes que creen que en realidad lo que Mariano Rajoy hace es un guiño a nivel nacional a Ciudadanos, el gran enemigo del impuesto y al que necesita mimar tras agriarse en las últimas semanas las relaciones entre ambos partidos pese a estar garantizado ya el voto positivo a los Presupuestos.
Mientras, el PP-A sigue aferrado a su bandera. La portavoz parlamentaria, Carmen Crespo, insistió en recordarle a Díaz que son las comunidades las que pueden bonificar el impuesto cuando lo consideren oportuno, como han hecho ya otras gobernadas por el PSOE.
Un foco de mil contradicciones
PSOE y PP se han dedicado argumentos de dudosa rigurosidad en el último año. Los socialistas acusaron a su gran adversario de defender la supresión de un impuesto que en realidad “sólo beneficia a 5.000 ricos”. La polvareda que desató fue tremenda. Los populares han tirado también de datos de difícil verificación, como el de andaluces que emigran a otras regiones por culpa del tributo o cuántos renuncian a heredar.
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