Los cinco grupos políticos que se sientan en el Parlamento se repartieron el año pasado, y volverán a hacerlo este año, hasta 9,5 millones en asignaciones para garantizar su funcionamiento. La partida, tal y como detallaba este medio el pasado 4 de diciembre, es adicional a los sueldos de los diputados y se eleva hasta los 10,5 millones si se le suma el otro millón de euros que cuestan las nóminas de los asesores y del personal técnico a su mando.
Ese montante es sin embargo insuficiente para el PSOE, que alega que hubo un error en la distribución en el arranque de la legislatura y reclama que se incremente en 500.000 euros, de los que acapararía casi la mitad.
Al margen de los socialistas, ningún grupo quiere atribuirse la paternidad de la idea porque elevar el gasto de los partidos políticos es materia difícil de vender a los ciudadanos. Los grupos defienden que es un dinero bien invertido porque cubre desde material de oficina hasta desplazamientos por toda Andalucía para entrevistarse con colectivos, pero la reforma se va a topar con la oposición, por ejemplo, de Podemos. Su secretario de Comunicación en Andalucía, Pablo Pérez, tachó ayer de “inaceptable y de privilegio” esa posibilidad y recordó que su coordinadora regional, Teresa Rodríguez, ya protestó por carta en febrero ante el presidente del Parlamento autonómico, Juan Pablo Durán.
Podemos denuncia desde que llegó a la Cámara que se paguen dietas por desplazamiento a los diputados incluso en meses inhábiles. En el último año, 1,5 millones.
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