Emerita Resources España, la empresa que denunció las presuntas irregularidades en la adjudicación por parte de la Junta a la agrupación empresarial México-Minorbis de los derechos de explotación del yacimiento minero de Aznalcóllar (Sevilla), ha solicitado el cese "inmediato" de cualquier trabajo que se esté llevando a cabo en los recursos mineros "que fueron objeto" del concurso de adjudicación.
De este modo, Emerita ha presentado un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra la "vía de hecho" de la Junta "consistente en la apropiación" por la empresa Minera los Frailes de recursos mineros "que no le han sido adjudicados" en el concurso de adjudicación y la realización de trabajos por parte de esta entidad en dichos recursos.
En el recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, Emerita asevera que estos trabajos se habrían llevado a cabo "sin la preceptiva autorización previa a entidades extranjeras y sin contar con permisos de exploración, investigación ni explotación", por lo que solicita que tales situaciones se declaren "contrarias a Derecho".
De este modo, y en este recurso fechado el día 28 de marzo, Emerita reclama, además del cese "inmediato" de los trabajos, que se declare "contraria a Derecho" la aceptación de la adjudicación efectuada por Minera los Frailes y que se declare "caducada y desierta" la aceptación del concurso público para la adjudicación de las actividades extractivas de explotación de los recursos existentes en Aznalcóllar.
Asimismo, reclama que se declare la adjudicación del concurso a favor de Emerita "por haber quedado segunda en el citado concurso de adjudicación, concediéndonos plazos para aceptar la adjudicación".
El abogado de Emerita, Ramón Escudero, relata que su representada participó en el concurso público convocado por la Dirección General de Industria, Energía y Minas y que tenía como objeto seleccionar a la persona jurídica a la que se concedería el derecho de explotación de los yacimientos de la mina de Aznalcóllar.
Así, agrega que, mediante resolución de 25 de febrero de 2015, se seleccionó a Grupo México-Minorbis como adjudicataria del concurso, concediéndose plazo para proceder a aceptar o no dicha adjudicación así como a cumplir con las condiciones impuestas en dicha resolución.
"Sin embargo, a pesar de ser parte en el procedimiento, a mi mandante se le ha negado reiteradamente cualquier información o notificación de actos posteriores a la adjudicación", asevera el letrado en este escrito consultado por Europa Press.
Al hilo, señala que, posteriormente, tuvieron conocimiento de que "quien aceptó la adjudicación no fue la adjudicataria del concurso (la entidad Grupo México-Minorbis), sino un tercero denominado Minera los Frailes", de forma que, "tras reiterados intentos de solicitud de información, siempre negada por la Administración recurrida, por informaciones de prensa y declaraciones de interesados hemos sabido que tal entidad está llevando a cabo trabajos en los recursos mineros sacados a concurso".
Por ello, Emerita solicitó el 1 de diciembre de 2016 a la Junta que le notificase y entregase copia de "la resolución por la que se concede el permiso de investigación, exploración o explotación de los citados derechos mineros, o en cualquier caso, del acto administrativo por el que se permiten los trabajos que se están realizando en la reserva minera de Aznalcóllar".
PÁGINA WEB
Tras ello, y según expone el abogado de Emerita, el pasado 16 de enero se les notificó resolución de la Dirección General de Industria, Energía y Minas "donde se nos responde que se admite nuestra solicitud, pero en lugar de darnos traslado del documento solicitado, se nos remite a una página web".
Según añade, en dicha página web "no aparece ninguna resolución que apruebe o autorice expresamente ningún permiso de exploración ni de investigación".
El letrado asevera que, dado que la Ley de Minas establece "la necesidad" de contar con un permiso de exploración, investigación o explotación como "indispensable requisito previo" para poder realizar labores mineras, y que del contenido de la página web "se desprende el conocimiento y la aquiescencia" de la Dirección General Minas "con esta situación ilegal", los trabajos que se están realizando "constituyen una ilegítima vía de hecho".
Y ello "genera perjuicios en mi mandante y en el interés público, no sólo por el posible daño al medio ambiente, sino por posibles futuras indemnizaciones que se pudieran generar", pone de manifiesto el abogado.
Además de lo expuesto, "y abundando en la situación de ilegalidad de cualquier trabajo" que se esté realizando en los citados recursos mineros, el letrado considera "evidente" que la entidad "que al parecer se ha apropiado tácticamente de la mina no es la adjudicataria, hecho que no estaba previsto en las bases del concurso, y la Administración no ha emitido resolución alguna al respecto".
"Pero es más, de la información de que esta parte dispone, Minera los Frailes está en manos casi íntegramente de una entidad extranjera, sin que exista la preceptiva autorización previa para poder acceder a recursos mineros, tal y como prescribe la Ley de Minas", agrega el letrado.
"VÍA DE HECHO"
Debido a todo ello, Emerita "procedió a intimar a la Administración para que cesase la vía de hecho" mediante escrito de 3 de marzo de 2017, escrito "del que no hemos tenido respuesta en los diez días que establece" el artículo 30 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, "por lo que nos vemos obligados a recurrir a la vía judicial".
Emerita considera "responsable de la actuación por la vía de hecho" a la Dirección General de Industria, Energía y Minas.
Cabe recordar que las presuntas irregularidades en la adjudicación por parte de la Junta a la agrupación empresarial México-Minorbis de los derechos de explotación del yacimiento minero de Aznalcóllar están siendo investigadas por la juez de Instrucción número 3 de Sevilla, que reabrió la causa por orden de la Audiencia Provincial.
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