Tras conocerse la noticia del archivo del 'caso alumbrado' por parte del Juzgado número dos de Cádiz sobre presuntas irregularidades en el concurso de contratación del alumbrado público del año 2008 en la capital gaditana, cuando el PP gobernaba en el Ayuntamiento, el edil del partido popular, Blas Fernández, uno de los investigados en la causa como responsable de la contratación, ha anunciado que emprenderá acciones legales contra todo aquel que haya "vilipendiado su honor".
El edil popular llevará ante los tribunales a J.J. C. y a J. F. L. G por declarar en su contra en un "intento de imputación falsa" atentando presuntamente "contra su derecho al honor" y también demandará al policía que abrió la investigación contra su persona "por un deleito de prevaricación", ya que según apunta Fernández "abrió una instrucción de forma irresponsable y realizó averiguaciones poca acertadas".
Asimismo, el concejal popular, ha subrayado que estudiará emprender acciones legales contra el alcalde, José María González y su equipo de Gobierno por quebrantar supuestamente "su derecho al honor", ya que en una Junta de Gobierno celebrada el pasado 15 de enero, el equipo de Gobierno decreto personarse en la causa contra Fernández. " Voy a pedir al secretario del Ayuntamiento que me dé parte de ese acuerdo firmado en Junta de Gobierno para saber los nombres que los que votaron a favor y que sea un juez civil o penal el que determine la responsabilidad". En este línea, Blas Fernández, ha manifestado que también analizará llevar ante la justicia a todas la personas que han tachado de "irregular" la contratación del servicio bien en prensa o en redes sociales como son representantes políticos que en ese momento eran portavoces de partidos representados en el arco plenario, como es el caso Marta Meléndez, así como contra ciertos medios de comunicación.
"Aquí nadie ha pedido perdón y como estamos en un Estado de Derecho, yo quiero resarcir mi honor. Aquí se ha intentado ir contra el PP y vamos a pedir responsabilidades. Este tema tendrá una segunda parte", ha sentenciado el representante político.
Archivo de la causa
el titular del juzgado ha dictado auto de sobreseimiento de la causa, al considerar que --"más allá de posibles irregularidades administrativas, en todo caso en la fase de ejecución del contrato", y que tendrían que denunciarse ante la jurisdicción contenciosa-- no queda acreditado que las actuaciones investigadas puedan cuestionarse desde el punto de vista penal.
Como se recordará, el 'caso Alumbrado' investigaba las presuntas irregularidades cometidas en el concurso de contratación del alumbrado público del año 2008 en Cádiz. Según la denuncia, se habrían alterado los baremos de asignación de las puntuaciones en perjuicio de la empresa con mejor oferta, y beneficiando a la empresa con la que habían estado desarrollando el servicio tras ganar sucesivamente los concursos de adjudicación del servicio público de alumbrado público.
Los investigados eran dos funcionarios públicos del Ayuntamiento de Cádiz, tres responsables de sociedades mercantiles y el propio denunciante de los hechos, que es extrabajador de una empresa de alumbrado.
El juzgado encomendó en julio de 2011 la investigación a la Policía Nacional, cuyos primeros informes preliminares determinaron indicios delictivos en las actuaciones de los investigados. En octubre del año 2014 el juzgado ordenó la continuidad de la investigación.
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